Por los sistemáticos aumentos de tarifas desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, Argentina ascendió puestos vertiginosamente en la escala que mide la incidencia de los servicios en relación con el salario, alcanzando el tercer lugar en América latina.

Según un reciente estudio de la Universidad de Avelleneda (Undav) los aumentos acumulados desde el triunfo de Cambiemos son de 920% en energía eléctrica, 930% en gas natural y del 683% en agua. A esto se deben sumar incrementos de 455% en peajes, 224% en el boleto del tren, 207% en colectivos y 66% en subtes.

El trabajo de la Undav remarca que en 2015 en nuestro país se destinaba en promedio el 6% del salario al pago de servicios públicos y desde entonces se sumaron 15 puntos porcentuales: “Desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6%, a una sustantivamente mayor, del 21%. Así, Argentina pasó a la tercera posición en el ranking de ocho países de la región. El crecimiento desde 2016 hasta la fecha, nos posiciona sólo por detrás de Venezuela (33%) y Chile (23%), en términos de peso tarifario”.

Más allá de que Venezuela y Chile hayan quedado todavía por encima de Argentina en el ranking (de todos modos vale la pena recordar que en Venezuela el combustible es muy barato y que en nuestro país ya se acumula más de 15% de aumentos en las naftas en lo que va del año), lo cierto es que sí poseemos el récord de haber sido el país en el que el peso de las tarifas sobre el salario más creció en los últimos tres años porque, a diferencia de esos dos países hermanos, aquí se partía de un “costo tarifario ínfimo” que era “producto de la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y bajos” desde el que “se migró a un esquema de liberalización tarifaria y convergencia acelerada a precios de mercado”.

Así, el nuevo esquema tarifario implicó una significativa transferencia de recursos de la ciudadanía a las empresas o al Estado, que al tiempo que reducía impuestos a la minería, retenciones al campo y reducía los aportes patronales, pudo disminuir su inversión en subsidios a las proveedoras de servicios  públicos: “En términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos para 2018. Según lo sancionado por el Congreso, se pasará de un peso del 2,3% sobre el PBI en 2017 a un 1,6% en el corriente año”.

Aunque desde el Gobierno se promete que el “sinceramiento tarifario” está llegando a su fin, la dinámica de incrementos parece estar lejos de haber terminado, ya que para 2018 están planeados nuevos aumentos promedio de 56% en electricidad, 36% en gas natural y 40% en agua potable, entre otros.