Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, presentaron este jueves una serie de proyectos en materia de seguridad que enviarán en las próximas semanas al Congreso.

El primero consiste en la modificación de la Ley de Seguridad Interior, con el fin de otorgarle mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en el marco de la escalada de violencia en Rosario, Santa Fe. “Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el interior”, detalló Petri.

El titular de la cartera de Defensa sostuvo que “a partir de esta declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la patria, inmediatamente las fuerzas armadas van a a realizar tareas de seguridad en el interior, como patrullajes y detención en flagrancia cuando se cometa un delito”.

Petri dijo que “la situación en la ciudad de Rosario es crítica. Este año han ocurrido más de 30 homicidios y ha bajado la cifra anterior, lo que habla del esfuerzo coordinado”.

Además, subrayó que “estamos viendo actos terroristas. El Presidente nos ha dado expresas instrucciones de actuar con total fuerza del Estado y realizar una tarea coordinada integracional que involucre a todos los poderes del Estado. Además, nos dio instrucciones para que modifiquemos la ley de Seguridad Interior”.

Antes, en su habitual conferencia de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había adelantado las leyes que el Gobierno enviará al Congreso o modificará por decreto: “Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos”.

“Estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante determinados supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, agregó.

Los proyectos presentados, además de combatir a las bandas narcos, apuntan contra las organizaciones de piquetes y bloqueos y a modificar las normas sobre la legítima defensa y el atentado a la autoridad. También se busca avanzar con la llamada ley “antimafia”, la ley de ADN para delitos y la ley contra organizaciones criminales.

En ese sentido, Bullrich anunció que enviarán de inmediato al Congreso el proyecto de la llamada Ley Antimafia: “Hemos decidido adelantar algunos capítulos que irán al código penal y otras leyes absolutamente necesarias para la situación de inseguridad que está viviendo Argentina”.

Se trata de un proyecto, tal como dijo en reiteradas oportunidades Bullrich, basado en la Ley Rico, cuyo acrónimo significa Racketeer Influenced and Corrupt Organizations o, en castellano, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos.

Días atrás, en Rosario, la titular de Seguridad había anticipado que se aplicará en el país la Ley Anterrorista (Ley 26.734, modificada en 2011, que fue sancionada para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo), que permite el endurecimiento de penas; y se trasladará al Congreso la petición de “una ley antimafia o antibanda”, al estilo de la que se creó en Italia.

Junto a estas medidas, la titular de Seguridad insistió en la necesidad de “trabajar fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos, que no está en los barrios humildes, sino en los de alta capacidad económica”.

Aumento de penas a piqueteros

La ministra Bullrich también anunció que se avanzará con una propuesta incluida en el proyecto de Ley Bases, que busca modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.

Bullrich detalló que la reforma del artículo citado se basa en el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones, bajo promesas de remuneración o amenazas, o “como hemos detectado entre las 150 mil llamadas y 12 mil denuncias con nombre y apellido que está investigando la justicia Federal, que incluyen favores sexuales para ir a las marchas o para que les den el plan”.

Además, otro proyecto que incluye sanciones penales para quienes bloqueen establecimientos, comercios o industrias, con penas de 4 a 6 años. Impedir que las empresas trabajen va a estar condenado en este proyecto.

También, la funcionaria planteó que avanzarán sobre la legítima defensa y el cumplimiento del deber, “para cambiar la idea de que los policías son los victimarios y se suman elementos para evaluar la razonabilidad del uso de la fuerza”.

 

Por instrucción precisa del presidente @JMilei llevaremos al Congreso las nuevas medidas de seguridad que diseñamos.

Cambios profundos y definitivos para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas.

Vamos a fondo, no podemos convertir a las víctimas en victimarios. pic.twitter.com/dWIjPZpU6Y

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 21, 2024