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Gobierno prometió cumplir con $20 mil millones en dos años, para la emergencia social


07 de septiembre de 2017

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El Gobierno se comprometió a la "plena implementación" de la Ley de Emergencia Social al retomar esta tarde las negociaciones con las organizaciones sociales CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa que desactivaron una jornada de protesta prevista para este jueves.

Así lo informó el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, al salir de una reunión con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, en la que las autoridades asumieron el compromiso para la ejecución del presupuesto que establece "20.000 millones de pesos" para 2017 y 2018.

Por su parte, la titular de la cartera de Desarrollo Social calificó como "positivo" el encuentro en el que "se pudo encauzar el diálogo con un compromiso firme y fuerte del gobierno de hacer toda la inversión y todo lo que está comprometido en la ley de emergencia social".

"Nos alegra que los ministros hayan reflexionado en torno a la necesidad de no darle la espalda a esta ley que representa una gran ayuda para los que menos tienen", celebró el dirigente de Barrios de Pie al referirse a la negociación infructuosa que mantuvieron el viernes las partes.

Al mismo tiempo, adelantó que la "semana próxima" continuarán las conversaciones en una "mesa de trabajo" para discutir "la Ley de Emergencia Alimentaria".

En este sentido, la ministra reafirmó la "voluntad, no solo del gobierno sino también de muchas organizaciones, de participar en esto de la seguridad alimentaria en el país y poder seguir construyendo proyectos que tengan que ver con el trabajo y con llegar a todas aquellas personas que hoy están en situación de vulnerabilidad".

El viernes pasado, las autoridades gubernamentales habían rechazado el reclamo del sector por la subejecución de las partidas de la ley de Emergencia Social y Alimentaria, por lo que las organizaciones convocaron a una jornada de protesta, prevista para hoy, que incluía la instalación de mesas de recolección de donaciones y peticiones a supermercadistas.

Sin embargo, la medida quedó sin efecto ante la nueva convocatoria del gobierno que se llevó a cabo esta tarde en la sede de la cartera social y que fue recibida por las organizaciones sociales como un "gesto de buena voluntad".

Del encuentro, que duró casi una hora y media, participaron también el secretario de Gestión y Articulación Institucional, Carlos Pedrini, el obispo de Merlo-Moreno Fernando Maletti, el coordinador nacional de la CCC, Juan Carlos Alderete; los dirigentes de la CTEP Juan Grabois y Esteban Castro, el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico y el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Al finalizar el cónclave, Menéndez celebró la decisión del gobierno de dar "marcha atrás con la primera respuesta que nos había dado de no implementar la ley de emergencia social y de ajustar sobre el presupuesto" y aseguró que las autoridades se comprometieron a la "plena implementación" de la norma.

Esa actitud, consideró, representa un "paso adelante" en las negociaciones y advirtió que "hubiera sido un error" que el gobierno mantuviera postura "irracional" que "iba a generar una enorme conflictividad social" en un contexto en el que - alertó - "no hay margen para recortar las partidas destinadas a los mas humildes" ante los altos "los niveles de pobreza".

Por su parte, Alderete comunicó el compromiso del gobierno para que "todos los que cobran los programas sociales" tengan "a fin de año el aguinaldo".

Consultado sobre la suspensión de las medidas de fuerza, el dirigente explicó que se realizaran "asambleas" de las distintas organizaciones para "ver hasta donde llega este inicio de diálogo" que se "reabrió" esta tarde con las autoridades.

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