A más de un mes de la apertura del período ordinario, el Congreso sólo aprobó una de las casi diez leyes pedidas por el presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa. El clima electoral ya se olfatea en los pasillos del Palacio Legislativo y la búsqueda de consensos para avanzar con los proyectos se hace cada vez más difícil.

La única norma impulsada por Macri que tuvo suerte en el Parlamento fue, hasta hora, la de apoyo al capital emprendedor. El proyecto, que elimina las trabas burocráticas para la apertura de empresas, fue aprobado por el Senado por unanimidad, en la única sesión realizada hasta el momento.

Mientras tanto, otras seis iniciativas de las enunciadas el 1ro. de marzo permanecen trabadas, con distinto grado de avance, por falta de acuerdo entre Cambiemos y los bloques de la oposición. Y otros dos proyectos anunciados por el presidente ni siquiera ingresaron al Congreso: las reformas del sistema penitenciario y del Régimen Penal Juvenil.

En el Senado, el proyecto de extinción de dominio sobre los bienes provenientes del delito no deja de despertar dudas y contrapuntos, y hay pocas señales de que el oficialismo intente reflotar la discusión en el recinto.

La propuesta de ley ya tiene dictamen de comisiones pero fue modificado el texto aprobado en Diputados, para que el proceso se realice en el fuero penal y no en el civil. Eso significa que, de ser aprobado, el proyecto deberá volver a Diputados para finalmente ver la luz.

Otra de las iniciativas pendientes es el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria, que todavía no tiene dictamen de comisión en Diputados. A pesar de que Cambiemos quiere complacer a Macri con esta ley -que además es pedida por la OCDE-, el debate recién está en una etapa preliminar de ronda de consultas.

Con estas modificaciones al Código Penal, se busca castigar de distintas formas a las empresas por los delitos de corrupción hacia la administración pública y soborno trasnacional.

El tema docente es otro de los debates urticantes postergados en Diputados, mientras puertas afuera se vive la puja entre gremios y el Gobierno. El presidente pidió dos leyes al respecto, de las cuales no avanzó ninguna: la creación de un Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE) y el agravamiento de penas por agresiones cometidas contra maestros, en su carácter de servidores públicos.

Por estas horas, Cambiemos define si incluye en el temario del próximo miércoles el proyecto sobre evaluación educativa, resistido por los gremios. Con el nuevo instituto, el Gobierno pretende correr el eje de la discusión salarial y ampliar el debate a la calidad de la enseñanza, con estadísticas globales.

El texto fue dictaminado a fines del año pasado en la Comisión de Educación, donde los gremios forzaron cambios, y podría haber más modificaciones en el recinto, pero el oficialismo todavía no se asegura los votos de la oposición y no se arriesgará a que un resultado negativo haga caer la ley.

El último proyecto mencionado por Macri en la Asamblea Legislativa que tuvo avances nulos en la Cámara de Diputados es el que agrava las penas por la fabricación, venta, tráfico y suministro de la pasta base, más conocida como “paco”.