Ya puesto en marcha el plan del gobierno para bajar el gasto público, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió con los jefes de las carteras de Economía de 21 de las provincias del país para llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal.

La reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF) se hizo en la provincia de Mendoza y dejó como resultado un acta-acuerdo en el que se pactaron algunos puntos elementales para achicar el déficit.  

Entre ellos, se destaca el acuerdo para que en todas las jurisdicciones el gasto corriente primario permanezca constante en términos reales y el gasto primario total no crezca más que la inflación hasta el año 2019 inclusive.

El control del empleo público, que supone el grueso del gasto de cada provincia, no pasó desapercibido. Por ello, el acuerdo establece que el personal de planta en todos los niveles estamentales no aumente en proporciones mayores que el crecimiento de su población.

Otro de los puntos salientes del documento está vinculado a corregir impuestos distorsivos y reducir la carga tributaria. Para ello, el Gobierno Nacional y las provincias se comprometieron a alivianar la carga tributaria sobre la actividad productiva.

Con la firma del escrito, Nación y provincias acordaron, además, la creación de Fondos Anticíclicos Fiscales. Los mismos serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.

En esa dirección, también se resolvió la incorporación de pautas de fin de mandato, cuyo objetivo será restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. El fin de esta medida será que la administración saliente no incurra en gastos que deban ser afrontadas por las autoridades entrantes.

Todos estos puntos se plasmarán en un proyecto de ley que se enviará al Congreso de la Nación en el plazo de los próximos tres meses.

Las claves:

1. Establecer un mecanismo técnico para que aquellas provincias que controlen su gasto corriente puedan acceder al crédito internacional sin necesidad de contar con el visto bueno de la Nación, siempre y cuando la deuda comprometida sea dirigida a la obra pública.
2. A aquellos gobernadores que muestren una complicación en sus cuentas y el déficit sea superior a la media se les impedirá designar fondos de gasto corriente más allá del índice de inflación. 
3. Los gobernadores que mantengan un orden en su gasto automáticamente recibirán una mejora en la calidad del gasto de capital dirigido a obras de cloaca, agua potable o vivienda.
4. Se establecerá la cláusula denominada "regla de fin de mandato" por la cual se prohibirá a las provincias en los últimos seis meses de final de mandato de un gobernador asumir gastos permanentes que después deberá afrontar su sucesor.
5. Se crearán fondos anticíclicos provinciales para aquellas provincias con cuentas saneadas para que los excedentes presupuestarios sean destinados a un fondo especial que se pueda usar en casos de recesión o falta de recaudación impositiva.