El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que impulsa la unificación y duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema, ocasión en la que afirmó que se propone "consolidar una justicia independiente".

Fernández afirmó que el proyecto busca crear 23 nuevos tribunales para mejorar el sistema de administración de justicia.

El Jefe de Estado expuso los alcances del proyecto que enviará al Congreso de la Nación en la Casa de Gobierno, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, e integrantes del Consejo Consultivo.

La iniciativa propone unificar y duplicar los juzgados federales, entre otros puntos.

El Presidente aseguró que "la defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecue a la norma" y que "el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión".

En ese sentido, destacó que la iniciativa propone "organizar y mejor la justicia federal" y que "el poder decisorio no se concentre en poco magistrados", porque eso fue lo que llevó a que ese fuero "se politizara", los procesos "no se desarrollaran con eficacia" y se "manipularan los tiempos en función del clima político imperante".

El Jefe de Estado destacó la necesidad de una reforma judicial para que "nunca más" exista "una política que judicializa los disensos", y aseguró que sin un sistema de justicia "independiente del poder político, no hay república y democracia".

Asimismo, expresó que el proyecto propone, entre otras cuestiones, un "fortalecimiento de la justicia federal" con la creación de juzgados en las provincias y una "especialización por materia".

Al explicar los alcances de la propuesta, advirtió que será "causa grave de mal desempeño" de sus funciones, más allá de las sanciones administrativas o penales que reciban, que los magistrados no cumplan con las reglas que dispone el proyecto de Reforma Judicial, entre las que se cuentan que todas las personas reciban trato igualitario y que eviten valerse del cargo para defender intereses privados.

En otra parte de su exposición, el Presidente dijo que durante el Gobierno de Mauricio Macri la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "quedó en un manto de sospecha" por intervenir en causas judiciales" y "el principio de inocencia en juicio se vulneró".

"Lo que estamos proponiendo es consolidar una justicia independiente", destacó, y dijo que se busca "que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia".

EL CONSEJO DE EXPERTOS

Este consejo estará integrado por once juristas de destacada trayectoria en el ámbito de los tribunales y en el mundo académico.

Esta instancia que analizará y formulará las propuestas para esta reforma estará compuesto por el titular de la Corte Suprema de Mendoza, Omar Palermo; la doctora en derecho e investigadora del Conicet, Marisa Herrera, que es una especialista en cuestiones sobre los derechos de familia y sucesiones.

También es integrado por María del Carmen Battaini, titular del Poder Judicial de Tierra del Fuego y especialista en derechos humanos; el catedrático Raúl Gustavo Ferreyra y Carlos Arslanian, exintegrante de la Cámara Nacional de Apelaciones que en 1985 juzgó a las Juntas Militares de la última dictadura.
Arslanian, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades, estuvo al frente de la cartera de Justicia de la Nación e integró el consejo que formuló el proyecto de reforma de Código Penal.

Inés Weinberg de Roca es jueza del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires y magistrada del Tribunal de Apelaciones de la ONU y fue integrante del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Además, participan del consejo Hilda Kogan, ministra de la Corte bonaerense –la primera mujer en ocupar el cargo-; y el jurista de fama internacional Enrique Bacigalupo, cuya presencia fue destacada por el presidente Alberto Fernández durante su discurso.
Bacigalupo fue magistrado en España y desarrolló una amplia y reconocida carrera académica en Alemania, y tiene doctorados en varias universidades de Europa y Latinoamérica.

Claudia Betriz Sbdar, titular de la Corte Suprema de Tucumán; Carlos Beraldi, asesor del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo y catedrático de derecho; y Andrés Gil Domínguez, subsecretario de Asuntos jurídicos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, completan este consejo