La inflación de octubre saltó al 2,2% y demuestra el agotamiento del plan económico

13 de noviembre de 2026
Quorum Digital

El Índice de Precios al Consumidor alcanzó su nivel más alto en seis meses, impulsado por el tarifazo en los servicios públicos y la quita de subsidios. Mientras el Gobierno celebra la baja de la inflación núcleo, el bolsillo de los trabajadores y la clase media sigue absorbiendo el costo del ajuste fiscal.

El dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó lo que ya se sentía en los hogares argentinos: la desinflación encontró un piso difícil de perforar. Con un 2,2% en octubre, el costo de vida no solo superó con holgura el 1,8% que proyectaban las consultoras privadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, sino que marcó su registro más elevado desde abril. De esta manera, los precios acumulan un alza del 26,3% en los primeros diez meses de 2026 y una variación interanual del 33,1%.

Lejos de tratarse de un simple tropiezo estadístico, el salto inflacionario —que venía de un 1,7% en agosto y un 1,9% en septiembre— expone las tensiones internas del programa que conducen Javier Milei y Luis Caputo, donde las llamadas "anclas" parecen empezar a neutralizarse entre sí.

El peso de las tarifas y el golpe al salario

El principal motor de la suba de octubre no estuvo en la góndola, sino en las boletas de servicios. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró los incrementos con un 4,2%, como consecuencia directa de la decisión oficial de recortar subsidios y modificar el régimen de Zona Fría, aplicando nuevos cuadros tarifarios. En regiones como la Patagonia (11,1%), la zona Pampeana (10,9%) y Cuyo (9,9%), el impacto en las facturas energéticas golpeó de lleno en los presupuestos familiares.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó un 2% —traccionado por subas estacionales en verduras—, acumulando un 27% en lo que va del año y un 34,6% interanual. A esto se suma un dato crítico para la estructura social del país: la Canasta Básica Total trepó un 3,5% en octubre, su mayor aumento desde enero, fijando en $1.690.000 el ingreso necesario para que una familia tipo no caiga bajo la línea de pobreza.

En este escenario, el trabajador asalariado y los sectores medios quedan atrapados en una pinza: mientras las paritarias encuentran techos estrictos y la actividad económica no logra despegar, el costo fijo de vivir —servicios públicos, transporte, salud y educación— se indexa al ritmo del ajuste fiscal.

¿Se agotan las anclas de Caputo?

Tras conocerse el informe del INDEC, el ministro de Economía salió rápidamente a defender el rumbo en redes sociales, apoyándose en un dato puntual: la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— se ubicó en el 1,5%, su registro más bajo en quince meses. Para el Palacio de Hacienda, la aceleración del índice general responde a factores puntuales y estacionales (que subieron 5,5%) y no a un cambio de tendencia.

Sin embargo, entre economistas de distintas extracciones crece el interrogante sobre la sostenibilidad del esquema actual. El programa oficial descansa sobre tres pilares: el superávit fiscal, el ancla cambiaria para contener los precios de los bienes y una fuerte restricción monetaria que seca la plaza de pesos. El problema radica en la contradicción entre esas herramientas: para sostener el equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno recorta subsidios y empuja los precios regulados (que subieron 2,9% en el mes), retroalimentando el índice general.

A ello se suman las advertencias sobre el frente financiero y productivo. Incluso voces habitualmente cercanas al oficialismo, como el economista Ricardo Arriazu, han señalado recientemente que la política monetaria actual termina restringiendo el crédito interno y restándole dinamismo a la economía real.

Con las proyecciones del propio Banco Central estimando que la inflación superará el 30% en 2026 y se mantendrá por encima del 1,6% mensual al menos hasta abril del próximo año, el desafío para la Casa Rosada ya no es solo mostrar números ordenados en la macroeconomía, sino demostrar que su plan puede bajar la inflación sin seguir asfixiando el poder adquisitivo de quienes viven de su trabajo.