"Ayer teníamos planteada una intervención para las personas que están en la toma con agua, alcohol en gel, agua, alimentos, frazadas y barbijos", dijo Larroque y habló de "una suerte de piquete de organizaciones" para impedir el ingreso de los funcionarios y la asistencia.

"Por un lado, piden intervención y asistencia del Estado, pero por el otro lo niegan", aseveró Laroque en declaraciones a El Destape Radio, y consideró que la actitud que tuvieron fue "peligrosa", teniendo en cuenta que están "contrarreloj para el desalojo", que tras la postergación concedida por la Justicia a pedido del Gobierno bonaerense, está previsto para el 1 de octubre.

"Logramos ganar tiempo, frenar el desalojo y buscar una solución pacífica pero esto lo impide", indicó el funcionario quien presentó ante el juez de la causa, Martín Rizzo, un pedido para prorrogar el desalojo de los terrenos, lo que fue concedido hasta el 1 de octubre próximo.

"Estas organizaciones se están arrogando la representación del conjunto de personas que está en la toma", dijo y advirtió que esas organizaciones que impidieron ayer la asistencia "no tienen en cuenta las necesidades de la gente y los riesgos que tienen las personas que hay en la toma".

"Trabajamos para resolver la toma pero también el hábitat en general", afirmó el funcionario bonaerense, y agregó que entre las organizaciones que realizan estas acciones de impedimiento de asistencia está "el Polo Obrero pero también el MTR, un sector vinculado a Humberto Tumini".

"Impidieron el ingreso del Estado, pero permitieron el ingreso de dirigentes de izquierda para hacer discursos. Es contradictorio" , enfatizó.

"Hay organizaciones que declaran que el Estado es el enemigo, pero este Estado tiene una vocación de poder resolver los problemas de fondo", dijo y precisó que "hay soluciones transitorias y de fondo" y se está "trabajando en eso".

Recordó que "la decisión de desalojo la toma otro poder, que es la Justicia" y afirmó: "No depende de nosotros, que buscamos una solución antes del jueves".

"La solución es la reubicación de todas las familias. La mayoría son de Presidente Perón, de barrios con otras problemáticas", reveló.

Precisó que "el juez dejó taxativamente expresado que el plazo del jueves es inamovible" y que así se les transmitió a las organizaciones.

"Nos impidieron el paso un grupo, un sector, pero queremos hacerles llegar el mensaje a todas las familias que están en el lugar: no queremos un desalojo violento", dijo Larroque al advertir que existen "algunas organizaciones que quieren llevar la situación a la violencia".

"Es muy puntual lo que sucede en Guernica", dijo y reiteró que "el juez autorizó a intervenir en el proceso" al Gobierno bonaerense, pero insistió con que "el que decide el desalojo es el Poder Judicial"