La fijación de un piso salarial acordado en una mesa conformada por los representantes de los trabajadores y el poder ejecutivo es una institución que en nuestro país ya supera los setenta años. En un país de extendida “cultura inflacionaria”, es el instrumento por excelencia para proteger los ingresos de los trabajadores. En especial, aquellos con menor poder de negociación y, por ende, salarios más bajos que el promedio. En el período posterior a la crisis de 2001, la negociación bipartita del salario mínimo contribuyó sistemáticamente a la mejora de las remuneraciones reales.

La última década se caracterizó por un avance real en el poder de compra del salario de los trabajadores y de la población en general. La política económica buscó fortalecer el mercado interno, con la creación de un número importante de empresas, la incorporación de miles de trabajadores al mercado laboral y la activación de los convenios colectivos de trabajo para negociar salarios. La protección de la producción nacional en el frente externo permitió la pronta recuperación de la industria argentina. La formación del salario de los trabajadores es uno de los pilares de las discusiones político económicas, mostrando la puja de intereses diversos. Detrás de la teoría liberal que sostienen que la mejor forma de asignar el trabajo y el salario en la sociedad es a través del libre juego de la oferta y la demanda, se encuentra un conglomerado de factores atenuantes que vuelven el resultado del libre mercado imperfecto desde el punto de vista económico, y muchas veces inequitativo desde el plano social. El principal factor explicativo es la disparidad de poder existente entre los empresarios y los trabajadores a la hora de negociar. La asimetría de peso en la negociación y las prácticas inherentes a la actividad capitalista, dejan a los trabajadores –individuales o agrupados- en una situación de desventaja de cara a la negociación salarial. Esta puja entre las partes, en cambio, se transforma por completo cuando el accionar del Estado y la consecuente regulación y sanción de normativas legales se dirigen a defender el interés de los trabajadores a fin de equipar el poder de negociación. El retorno de la institución “negociación colectiva de trabajo”, desde el año 2004 buscó recuperar el espíritu de las mejores prácticas de resguardo de la posición de los trabajadores, en tanto ser los actores más débiles en la mesa de negociación. La existencia de un Estado presente atenúa inequidades entre empresarios y trabajadores, en pos de que el resultado de la tensión de intereses surja en un marco de mayor libertad e igualdad de condiciones. Así, en siete de los doce años transcurridos entre 2003 y 2015, los porcentajes acordados superaron al nivel de la inflación del período. Sólo en cuatro períodos la inflación evolucionó a la par del aumento del salario mínimo, mientras en un solo año –2011- se posicionó por encima.

Pasando a la coyuntura, los economistas de la UNDAV mencionan que “en el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y mayo de 2017, vemos que los incrementos en el SMVyM especialmente en el año 2016 fueron insuficientes para mantener el poder de compra”. Mientras que a fines de 2015 el salario básico era de $5.588, en mayo de 2017 el mismo alcanzada los $8.060, incrementándose un 44,24%. Así, al medir la inflación acumulada publicada por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos 57,05% para todo el periodo analizado, es decir que el aumento del salario se queda 12,81 puntos porcentuales por debajo de la inflación, perdiendo así salario en términos reales.

 Argentina es el único país de los 6 analizados que ha tenido una pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo comparado con la inflación acumulada, perdiendo más de 8 puntos porcentuales. Por su parte, el país que más ha incrementado su salario real fue Bolivia, con 16,3%, seguida de Brasil (+10,2%) y Uruguay (+8,8%). Esta disparidad de nuestro país con la región se produce ya que los otros países tienen inflaciones relativamente más bajas a pesar de tener incrementos de salarios menores en términos porcentuales.

Particularmente Argentina para evitar que se repita dicha situación debería incrementar el salario mínimo por encima del nivel de aumentos de precios.

Con todo lo anterior, del análisis llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la evolución del salario mínimo, vital y movil, surgen las siguientes conclusiones sintéticas acerca de su trayectoria en el último año y medio:
- En una comparativa entre seis economías latinoamericanas, nuestro país es el que más deterioro de poder adquisitivo del salario mínimo registra. Medido en relación a la cantidad de productos que se pueden adquirir, se encuentra una merma cercana al 27% en el último año y medio.
- A su vez, en el último año y medio, el salario mínimo acumuló un deterioro de ocho puntos porcentuales, producto de la aceleración de la inflación, que superó ampliamente al reajuste pactado en 2016.
- En contraste, los demás países de la región muestran avances en su salario mínimo real. Bolivia, por caso, registra un incremento superior al 16% en igual período.
- Con todo, la cobertura de productos de la canasta básica total con el salario mínimo, vital y móvil disminuyó un 28% entre diciembre de 2015 y junio del corriente año.