Con el texto consensuado, a partir de iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, los Bancos deberán acreditar el monto "en forma inmediata", como lo hace para extraer el débito a los compradores. No se estableció un plazo específico porque sus representantes explicaron que las retenciones impositivas demoran un par de horas.

El Banco Central será el encargado establecer cuanto podrán demorarse. "Lo ideal sería que no se pase de un día", sostuvo el radical Luis Pastori, que había pedido dejar el plazo fijado en la autoridad monetaria. La ley establece que la adecuación "no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones". 

 También por pedido de Cambiemos, se eliminó un artículo que invitaba a las provincias a eliminar las retenciones y percepciones con tarjetas que desalienten su operación. 

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las compras con tarjetas de débito alcanzaron los $72.488 millones mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaron unos $652 millones en comisiones por mes y tardaron unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuenta.

"Sería un alivio económico muy fuerte para el sector, además de contribuir al no manejo de billetes como una medida sanitaria. Aportará liquidez, en un contexto en el que en muchos casos no tienen espalda suficiente para afrontar las compras en efectivo", señalaron desde la entidad.

La diputada Fernanda Vallejos, del Frente de Todos, presidenta de la comisión de Comercio y Finanzas, consideró que "es indudable que la utilización de estas nuevas tecnologías también contribuyen a un grado cada vez mayor de blanqueo de la economía y, en este sentido, el beneficio es generalizado". 

Rauschenberger sostuvo que la ley podrá "resolver las diferencias de precio entre pagar con débito y en efectivo, a mejorar la recaudación y a aliviar el bolsillo de los comerciantes".