Acompañado por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, el Gobernador presentó el plan y trazó un diagnóstico complicado de la situación habitacional en el Conurbano. Según detalló, en 1979 había en el Gran Buenos Aires 5 millones de habitantes. En 2001 esa cifra se duplicó llegando 10 millones. Hoy la cifra de habitantes en esa área llega a los 14 millones.

El detalle del plan incluye la construcción en tres año de 33.600 viviendas; la reactivación de obras en 9.700 viviendas; la generación de 85.000 lotes con servicios, unos 500 proyectos de urbanización en barrios populares, y 18.426 obras de mejoras habitacionales y de hábitat. A esto se le suma el impacto del plan Procrear en la provincia que tendrá 6.200 viviendas y 5.800 lotes.

Además, el Plan contempla la creación de una Unidad Provincial de Tierra y Vivienda que será coordinada por la ministra de Gobierno, Teresa García, y que estará conformada por representantes de todos los ministerios para agilizar las políticas habitacionales con todos los sectores involucrados.

En La Plata, la coordinación del plan a manos de García se leyó como un fuerte respaldo a la ministra en un gabinete donde las decisiones más importantes se concentran entre el círculo de confianza del Gobernador. También significa un gesto hacia los intendentes que tendrán un rol central en la planificación de proyectos de suelo urbano.

Por caso, el intendente Mariano Cascallares (Almirante Brown) fue uno de los primeros en salir a respaldar el anuncio. "En los últimos años se nos había complicado poder avanzar porque con un ministerio teníamos que trabajar la regularización dominial; con otro el tema de la utilización del suelo y con otro la construcción", explicó a Radio Provincia.

El anuncio Kicillof ocurre en medio de una compleja situación por la toma de tierras de Guernica (Presidente Perón) donde, según el censo del Gobierno bonaerense, hay 1.309 familias ocupando unas 100 hectáreas.

Desde el Ejecutivo buscan alcanzar una resolución pacífica y consensuada al conflicto. En ese marco, a pedido del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el juez interviniente en la causa postergó el desalojo previsto para el día 23 de septiembre, estableciendo como nueva fecha el 1 de octubre.

Kicillof hizo referencia a las tomas que se dieron en los últimos meses en la provincia y que sumadas ocupan una superficie similar a la del distrito de Avellaneda.

"El hecho de que los bonaerenses tengan una necesidad de vivienda no significa que se pueda resolver avanzando sobre los derechos de los demás. Esa no es una solución", dijo el Gobernador y agregó que "el problema indica una ausencia y esa ausencia es la ausencia del Estado".

Esta mañana, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo que el gobierno provincial cumplirá con la decisión de la Justicia de desalojar el predio.

"Nosotros tenemos que cumplir con la decisión de la Justicia, que es el desalojo, si no, tendremos consecuencias penales. Es así: hay algo que se llama deberes de funcionario público y, en este caso, la Justicia es la que decide y el Poder Ejecutivo debe instrumentar la medida", afirmó el jefe de Ministros.

Este domingo, hubo momentos de tensión entre representantes del gobierno y organizaciones que forman parte de la ocupación de los terrenos. Según denunció el gobierno, se impidió de manera violenta la asistencia del Ejecutivo a las familias que se encuentran dentro del predio.

El esquema diseñado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque -que se instaló en un trailer ubicado en el predio- implicaba la instalación de oficinas móviles de atención.

El operativo contó con la participación de 150 trabajadores para asistir con la entrega de agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos. Además, buscaban distribuir viandas de comida caliente luego del temporal de los últimos días.