Hasta entonces, Fanelli ocupaba el cargo de jefa de una sección técnico jurídica. Botto Rostom fue desplazado a Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La información fue revelada en un informe periodístico por el periodista Hugo Alconada Mon, por lo que en redes sociales, la diputada Frade agradeció al periodismo independiente y advirtió que la “impunidad” del denunciado “es continuada, habilitada por este gobierno”.

Al jefe de la DGI (Arca) no le alcanza con tener off shore no denunciadas. Lo suyo se parece a un raid delictivo a la vista de las máximas autoridades del pais. Impunidad se llama. @JMilei@ccari_ok @elisacarrio @pau_oliveto @JuanmaLopezAR @maxiferrarohttps://t.co/NnPOk5U3lJ

— Monica Frade (@MonicaFradeok) January 6, 2025

En la denuncia hacen referencia a la nota publicada por el periodista de La Nación y destacan que la citada dirección está abocada a la fiscalización de medianas y grandes empresas con domicilios fiscales en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que el nombramiento interino de Fanelli en ese cargo le permitió acceder sin haber habitado las categorías intermedias que la separaban del actual cargo, implicando -además de una ubicación estratégica para la pareja- un incremento remuneratorio de casi un ciento por ciento. “Tener de jefe a la pareja -agrega la denuncia-, es visiblemente un quebranto a la independencia y transparencia”.

Los diputados de la Coalición Cívica aclaran que resulta competencia de Vázquez nombrar funcionarios, pero “lo que está vedado y resulta excepción a la regla es nombrar a su pareja y/o cónyuge, por obvias razones”.

Asimismo recuerdan los denunciantes que ya habían denunciado penalmente a Vázquez y su ex esposa hace unos días por la adquisición de inmuebles no declarados en la Oficina Anticorrupción, en Estados Unidos. “Es visible que comparte con sus sucesivas parejas los beneficios y prerrogativas que le viene proporcionando la función pública”, advierten Frade y Ferraro, para quienes el denunciado violó además el Código de Ética de ARCA, como así también la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.