La Cámara de Diputados aprobó la ley de economía del conocimiento, dedicada a promover las industrias tecnológicas y a aumentar su porcentaje de participación en las exportaciones, que representan el tercer lugar después del agro y el sector automotriz.

"Entran 6 mil millones de dólares al año, pero es un sistema virtuoso porque los dólares son genuinos y no demandan salida, como el sector automotriz", explicó Pablo Carro, del Frente de Todos, miembro informante del oficialismo. "La idea es que en 10 años dupliquemos los puestos de trabajo de 500 mil a 1 millón y pasemos de representar el 8% al 15% de las exportaciones totales", pronosticó el cordobés.

El proyecto fue enviado por Alberto Fernández en febrero, después de derogar el sancionado hace un año por considerar que permitía acceder a los beneficios a empresas de cualquier rubro que tuvieran emprendimientos tecnológicos.

Además, eliminaron "la cláusula de estabilidad fiscal", con el cual se le garantizaba un sistema impositivo a los beneficiarios. "Era un colador fiscal para los grandes", definían en el oficialismo. El texto enviado por el ministro de Producción Matías Kulfas delimita las empresas alcanzadas y establece condiciones para acceder a las exenciones. 

Deberán demostrar que el 70% de su facturación del último año provino de "actividades promovidas de manera intensiva para incorporar conocimiento derivados de avances científicos y tecnológicos en sus productos, servicios o procesos productivos".

Y tendrán que contar con dos de tres requisitos: acreditar mejoras continuas en sus servicios, inversiones en capacitación de empleados o investigación y desarrollo; o exportaciones de bienes que surjan de estas actividades.

Algunos de los incentivos serán una reducción del 60% del impuesto a las Ganancias y un crédito fiscal transferible por una única vez con el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la seguridad social.

Además, se eliminan las "retenciones y percepciones del impuesto al valor agregado" a las exportaciones, que este sector tuvo por primera vez en 2018, cuando Macri salió a buscar dólares para frenar las corridas bancarias.

Y se crea un "Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento" y un "Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento" para promover a la industria. 

"Con este proyecto estamos diversificando la matriz productiva nacional, generando empleo de calidad, vamos a incorporar a miles de jóvenes al mercado laboral formal, vamos a generar polos de desarrollo federal y vamos a permitir que con exportaciones ingresen divisas que quedan en el país", enfatizó Carro. 

Fue aprobado con 246 votos y sólo el rechazo de la izquierda.

El cierre estuvo a cargo de Rosana Bertone, del oficialismo. Fue hasta diciembre gobernadora de Tierra del Fuego, sede de industria de tecnología. "Lo que queremos es favorecer a nuestra industria, a nuestros trabajadores. Bregamos para que tengamos un alcance mayor en el transcurso de 10 años, de más trabajadores en esta industria".

Puntos principales

El Gobierno nacional había suspendido la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, y envió en el mes de febrero un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados.

Tras negociaciones entre el oficialismo y la oposición, la iniciativa sufrió modificaciones y se dictaminó con consenso en las comisiones de Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda, durante mayo pasado.

El proyecto facilita el ingreso de las PyMEs al régimen, en tanto que podrán acceder al mismo las empresas cuyo 70% de su facturación total del último año se genere a partir de estas actividades.

En la nueva norma ya no se habla de estabilidad fiscal, sino que se refiere a la “estabilidad de los beneficios” por el período de vigencia del régimen.

Las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social. En tanto, ese monto podrá subir al 80% en el caso que las empresas contraten mujeres, personas transexuales, personas con discapacidad, entre otras.

Los beneficiarios de la ley también tendrán una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias.

Por otra parte, se dispone la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.