El motivo fue la decisión del Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Decreto 681/2025, que si bien promulgó la norma, la dejó en pausa hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento.

Para la oposición, este paso representa una clara violación de la división de poderes y un incumplimiento constitucional, ya que ninguna autoridad puede suspender una ley que fue sancionada con mayoría legislativa y tras el rechazo al veto presidencial.

La moción acusa a Francos de actuar con nulidad e ilegalidad, de incumplir con leyes vigentes y de condicionar derechos adquiridos a una definición presupuestaria que el oficialismo utiliza como excusa para dilatar su puesta en marcha.

En palabras de Pichetto, se trata de un hecho de “gravedad institucional” que pone en riesgo a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y que marca una peligrosa tendencia del Gobierno a desconocer la autoridad del Congreso.

EL GOBIERNO ROMPIÓ EL ESTADO DE DERECHO

Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete.

?? Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
?? Por dictar decretos nulos e inconstitucionales.
?? Por no reasignar… pic.twitter.com/FoPFUI3Nue

— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 22, 2025

Desde el Ejecutivo, Francos defendió la medida y sostuvo que la ley fue promulgada, pero que no puede aplicarse sin la correspondiente previsión de recursos en el presupuesto. El jefe de Gabinete afirmó que está dispuesto a concurrir al Congreso si se lo cita para una interpelación, pero insistió en que no se pueden asignar gastos sin financiamiento específico. El debate, en este sentido, vuelve a enfrentar la lógica del ajuste fiscal del Gobierno con las obligaciones que emanan de los derechos sociales reconocidos por el Parlamento.

La moción de censura, contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional, abre la posibilidad de que Francos sea removido de su cargo si obtiene mayoría absoluta en ambas cámaras, un escenario difícil pero que muestra el nivel de confrontación política actual. Más allá de su desenlace, el planteo opositor vuelve a colocar en el centro de la escena la crisis de gobernabilidad y la disputa por los límites del poder presidencial, mientras miles de personas con discapacidad quedan en la incertidumbre frente a un derecho consagrado por ley pero bloqueado por decisión del Ejecutivo.