La oposición volvió a declararle la guerra a Cambiemos en la Cámara de Diputados por la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, que dispuso el cobro de un plus en 24 cuotas en el servicio de gas para compensar a las empresas prestadoras por la devaluación. El Frente para la Victoria-PJ, Argentina Federal y el Frente Renovador presentaron iniciativas para derogar esa medida, y se sumaron también la izquierda y el Movimiento Evita.

A través de los diferentes proyectos, los bloques de la oposición cuestionaron que el aumento -que sería de 90 pesos- se traslade a los usuarios. Los diputados evalúan por estas horas si pedirán una sesión especial para abordar el tema -como ya hicieron con otras medidas polémicas del Gobierno-, aunque para avanzar con los proyectos necesitarán mayoría agravada.

El jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, señaló que “el Gobierno primero dolarizó las tarifas, después devaluó y más tarde llevó la tasa de interés a niveles nunca vistos. Ahora dice que, por esa devaluación, los usuarios deben pagar otra vez por el gas que ya usaron. Además lo hacen usando la tasa de interés más alta de los últimos tiempos”.

Kosiner observó que “cuando anunciaron el aumento de gas de este mes nada se dijo respecto de esta medida extraordinaria”, y se preguntó: “¿No sabían que esta medida se iba a tomar o la taparon para manipular el porcentaje de aumento y que parezca menor? Lo primero indica falta de previsibilidad, lo segundo falta de respeto hacia toda la sociedad”.

Además de derogar la resolución, el proyecto presentado por Argentina Federal en su artículo 2 que “la imposición de cargos extra por consumos de gas debe ser aprobada en audiencias públicas que garanticen la participación de consumidores y el acceso a una información adecuada y veraz”.

A continuación se indica que “cualquier compensación que surja de la pérdida del valor del tipo de cambio en el precio del gas ya abonado por las distribuidoras a las productoras debe, obligatoriamente, ser tratada en audiencia pública deliberativa con la necesaria presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

Esos funcionarios, según este proyecto, “deberán precisar el impacto del cargo extra en el valor total que abona el usuario final, determinando una tarifa que deberá ser justa y razonable, y que no podrá aplicarse a los usuarios de manera retroactiva, sino solo para consumos futuros”.

El Frente para la Victoria-PJ, que preside Agustín Rossi, presentó una propuesta en el mismo sentido y sumó otra para interpelar al secretario de Energía, Javier Iguacel, “para que informe sobre esta insólita, injusta e inconstitucional medida”, ya que “el pueblo argentino necesita explicaciones ante este nuevo y escandaloso tarifazo”.

“Esta decisión de hacer intervenir al Estado en favor de las empresas por sobre los usuarios y usuarias no solo pretende hacer cargo de los efectos de este modelo económico a los más débiles en la relación de consumo, en este caso de un servicio público, sino que se dicta sin una sola mención ni consideración de los derechos de dichos usuarios”, se indica en los fundamentos.

En tanto, el massismo hizo lo suyo y además de pedir la presencia de Iguacel, solicitó citar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y al presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Mauricio Roitman, para que expliquen los alcances del aumento.

En los fundamentos del proyecto del Frente Renovador, Graciela Camaño explicó que con la resolución oficial se perpetra la violación del principio de irretroactividad, y agregó que “los pagos efectuados por los usuarios produjeron efectos cancelatorios definitivos”.

Además, la legisladora sostuvo respecto a la dolarización de las tarifas que “la fijación del tipo de cambio responde a resultados no ya ajenos a los consumidores, sino en gran medida atribuibles al Gobierno”.

También criticó el aumento el diputado Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda), autor de otro proyecto, quien advirtió que “solo les preocupa garantizar las ganancias de los empresarios estafadores” y llamó a “terminar con el ‘tarifazo’ que saquea el bolsillo de las mayorías populares”.

Hay una última iniciativa para derogar la resolución, que lleva las firmas de los diputados Leonardo Grosso, Silvia Horne, Lucila De Ponti y Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita.