La presentación judicial recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, bajo la órbita de María Eugenia Capuchetti, y lleva las firmas de Hugo Yasky, Daniel Gollán, Sabrina Selva, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino y Julio Pereyra. En el escrito, los legisladores advierten que los posteos constituyen un claro intento de “atentar contra el orden constitucional”.

Los mensajes apuntados se difundieron en la red social X (antes Twitter) mientras la Cámara alta debatía temas sensibles. Desde cuentas con miles de seguidores, varios usuarios libertarios plantearon consignas de extrema violencia. “El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”, escribió @ElTrumpista, atribuida en la denuncia a Luciano Cabrera.

Es ahora Javo. Metan todos los tanques adentro del Congreso”, publicó @elpittttt, en otro de los posteos referidos. También fue señalado Daniel Parisini, conductor del streaming La Misa y conocido como “El Gordo Dan”, por haber pedido “sacar los tanques a la calle” y sobrevolar el Parlamento con los aviones F16 recientemente adquiridos por el Ministerio de Defensa.

Uno de los mensajes más graves lo habría publicado la cuenta @FranFijap, atribuida a Franco Antunes, quien planteó de forma directa: “dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”.

Para los diputados denunciantes, esas expresiones “lejos de constituir una crítica política legítima, son manifestaciones violentas y amenazantes que reivindican la interrupción de la vida democrática y el ejercicio constitucional de uno de los tres poderes del Estado”. Y agregaron que, aunque se enmarquen en redes sociales, deben ser tratadas con seriedad porque podrían incentivar hechos de violencia institucional.

En ese sentido, destacaron: “Si bien la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, no es un derecho absoluto y encuentra sus límites cuando se incita a la violencia y se atenta contra las instituciones”.

La presentación judicial apunta a que estos hechos encuadran en delitos como intimidación pública y amenazas, contemplados en el artículo 212 del Código Penal. “Las referencias a sobrevolar el Congreso con aviones de combate o dinamitar el edificio configuran actos que infunden temor público y alteran el orden social”, remarca el documento.

Además, los legisladores remarcaron que los posteos se difundieron en simultáneo al debate legislativo, lo cual podría interpretarse como una presión directa sobre los senadores que participaban de la votación. “Resulta factible encuadrar las manifestaciones en el delito de amenazas ya que parecen dirigidas a las personas que se encontraban sesionando, con una finalidad concreta: impedir la aprobación de los proyectos de ley en debate”, subrayaron.

El caso se conoce el mismo día en el que el Gobierno nacional anunció la creación de un Consejo de Formación para Agentes Encubiertos, que será presidido por un juez federal y buscará reforzar la capacitación de quienes operan bajo identidades falsas en investigaciones penales. En ese contexto, el contraste entre la intensificación del aparato de inteligencia estatal y el uso de redes sociales para difundir consignas violentas empieza a generar nuevos focos de tensión.