El proyecto surge en respuesta a que, al separarse, muchas madres se ven impedidas de acceder a la justicia para garantizar una prestación alimentaria básica mientras que las que llegan tienen que reclamar judicialmente durante mucho tiempo para poder fijar una cuota o lograr su actualización.

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en Argentina solo una de cada cuatro mujeres que no convive con el padre de sus hijos cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria. Esto genera que las mujeres deban hacerse cargo del 100% del costo económico que los alimentos de un niño o niña demandan, en muchos casos esto también configura violencia económica o patrimonial contra las mujeres.

Las cifras revelan, centralmente, la necesidad de regular una situación que pone en riesgo la calidad de vida de muchas niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, la iniciativa, que nace del trabajo conjunto de López con el equipo técnico del Frente Renovador sobre la temática, coordinado por Malena Galmarini, tiene como propósito asegurar el interés superior de quienes representan el futuro y más se debe proteger, garantizando el derecho alimentario a través de la creación de un Sistema Nacional de Prestación Alimentaria Básica Parental que de previsibilidad a madres y padres: una retención y transferencia inmediata a la persona a cargo de hijos e hijas de padres separados.

En esta línea, el proyecto, que ha venido sumando apoyo de distintos legisladores, busca asegurar que el sistema judicial y el Estado colaboren en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los y las progenitores.