El Consejo Económico y Social que planifica Alberto Fernández se intentará desde el arranque de su gestión y, de obtener resultados, se extenderá a lo largo de todo su mandato. Se trata de un eje fundante del programa que impulsará el presidente electo y sobre el que reposará una parte sustancial de los resultados de la primera etapa del mandato, en particular la posibilidad de establecer un sendero de precios y salarios como ancla inflacionaria. El entendimiento, que ya comenzó a explorarse de manera sigilosa y por sectores, podrá incluir además una recomposición salarial para los sectores de la población más golpeados por el desfasaje que produjo en el último año la disparada en el valor de la canasta básica.

El acuerdo marco contendrá también un programa de viviendas sociales y de créditos blandos para la construcción y compra de inmuebles destinado a dinamizar todos los sectores económicos involucrados, por un lado, y a atender al menos una parte del déficit habitacional y de la demanda de la clase media en la actualidad imposibilitada de acceder a la casa propia.

En la mesa chica del mandatario electo reniegan del reduccionismo que identifica el acuerdo como un “pacto de precios y salarios”. En cambio mencionan la necesidad de dotar a la economía argentina de una “competitividad sistémica” a instancias de entendimientos sector por sector que deberán incluir, además de un mecanismo de contención y evolución programada de los valores de la canasta básica y de los sueldos, herramientas orientadas a generar mayor productividad en cada actividad económica, reglas impositivas comprensivas del deterioro de cada rubro y mejoras en la logística y el transporte.

Los futuros funcionarios aclaran, en tanto, que tal como les prometió Fernández a los líderes de la CGT no se avanzará hacia una reforma laboral en los términos en que lo intentó la gestión de Mauricio Macri ni de los antecedentes plasmados en los mandatos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Pero sí se explorarán todas las alternativas de modernización de los convenios colectivos de trabajo a partir de acuerdos entre los gremios y los dueños de las empresas. Ya desde el triunfo del Frente de Todos en las primarias del 11 de agosto arrancó una silenciosa procesión de dirigentes sindicales a las oficinas del entonces candidato para exponerle alternativas de actualizaciones de sus respectivas reglas laborales.

La importancia asignada por el futuro mandatario al Consejo Económico y Social la exponen sus eventuales alcances. Los técnicos hablan de un órgano con autonomía respecto de las carteras del Gabinete y una suerte de “vida propia” con una dinámica de reuniones y acuerdos a ser refrendados luego en cada mesa sectorial. Sus resoluciones, en principio, tendrían un carácter consultivo pero al ser el fruto de un consenso previo entre empresarios y sindicalistas de cada rubro en los hechos tendrá un sesgo vinculante. Lo explican, sus impulsores, como una suerte de paritaria más amplia que la habitual negociación salarial mediante una deliberación soberana entre las partes.

Uno de los ejes que promete animar la participación del sindicalismo peronista será la alternativa de apuntalar los ingresos de los trabajadores más castigados por la pérdida producto de la inflación. Será, en ese caso, una concesión a los comprometidos socios de la cúpula de la CGT que le plantearon al mandatario la necesidad de reparar situaciones de inequidad salarial entre los gremios que este año lograron empardar los sueldos al costo de vida sin pérdida de poder adquisitivo y los que perdieron entre 10 y 30 puntos porcentuales contra la inflación.

En el primer pelotón en la central obrera mencionan ocho sindicatos (entre ellos, los albañiles de Uocra y la Asociación Bancaria) que lograron paritarias ajustadas a la inflación frente a una gran mayoría que perdió poder adquisitivo. Para los perjudicados el nuevo Gobierno propiciará reapertura de negociaciones salariales para acortar distancias y se tomarán en cuenta las necesidades también de los sectores empresarios mediante una activa participación estatal en esas conversaciones.