La convocatoria oficial se publicará a fines de esta semana o principios de la próxima, según indicaron fuentes del Gobierno a la agencia Noticias Argentinas. Aunque todavía no hay una fecha definida, la Casa Rosada tendrá listos a sus diputados y senadores con vistas al 17 de enero.

De este modo, el Frente de Todos buscará aprobar una serie de proyectos pendientes, para definitivamente cerrar el 2021 y proyectar el 2022.

Entre los proyectos más salientes se encuentran la Ley de Hidrocarburos que ya ingresó al Senado; la Ley para el Desarrollo Agro-bioindustrial que también fue enviada al Congreso; la de Electromovilidad, la de Industria Automotriz y la de Compre Argentino, que da preferencia de bienes de producción nacional. Todos proyectos destinados a apuntalar la recuperación económica del país post pandemia. También está el Consenso Fiscal 2022, que fue firmado por todas las provincias menos la Ciudad de Buenos Aires y que los gobernadores tienen sus expectativas puestas en que el Congreso lo apruebe.

Se podría sumar a la lista la ley de Cannabis medicinal y cáñamo industrial, que busca crear un marco regulatorio para el desarrollo de la actividad y que ya tiene media sanción del Senado. Lo mismo que los cambios en la ley de Monotributo, que permite el ingreso al régimen de personas que inician una actividad económica o la hacen en la informalidad, otorga beneficios impositivos a las categorías más bajas y crea el “Monotributo Productivo” para trabajadores de la economía popular.

También sigue sobrevolando la posibilidad de que se presente el "Plan Plurianual" anunciado a fines del año pasado por el presidente Alberto Fernández, un programa de metas compatible con los criterios y objetivos de desarrollo productivo y economía fiscal comprometidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Otro tema además de la deuda, que podría ser incorporado en la agenda para las extraordinarias, es la reforma del Consejo de la Magistratura. En estos momentos hay un proyecto del Ejecutivo, que ingresó por el Senado a fines de 2021.

El tema es uno de los más complicados, puesto que genera conflictos en ambos lados de la grieta. De este modo advierten una dificultad para construir mayoría en el nuevo Congreso, la que permita avanzar con esa reforma.

La Corte Suprema anuló la reforma de Cristina Kirchner del 2006 y emplazó al Parlamento para que en un plazo de cuatro meses contando desde mediados de diciembre se sancione en ambas cámaras una nueva ley, que precisaría una mayoría agravada (un objetivo imposible sin acuerdo previo entre las fuerzas) .

Vencido ese plazo, la consecuencia sería la nulidad de todas las decisiones tomadas por el Consejo (que entre otros funciones tiene la de selecciones los jueces y fiscales federales de todo el país) y la vuelta a la integración original previa a la reforma del 2006.