También se refirió al tema el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Este martes, en declaraciones efectuadas en el Consejo de las Américas (ver nota aparte), ratificó que tanto la Jefatura de Gabinete como el Ministerio de Economía están trabajando en un esquema transitorio, de emergencia para este año, cuyo objetivo central es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. La iniciativa oficial contempla, precisó, incentivos impositivos para las empresas.

La idea de las autoridades es evitar que el aumento de los servicios deteriore el poder adquisitivo de la población. Por esta razón la fórmula en estudio tomará como referencia los salarios.

Aún no está definido qué indicador se utilizará. Podría ser el que elabora el INDEC que incluye tanto al empleo registrado como al trabajo informal (el año pasado registró una suba de 33%). Una segunda posibilidad es la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que elabora el Ministerio de Trabajo y refleja la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia (en 2020 subió casi 35%).

Para atender la situación del sector pasivo y los segmentos más carenciados, también se prevé contemplar en la fórmula de corrección de las tarifas al índice que se utiliza para ajustar jubilaciones y Asignación Universal por Hijo (combina en un 50% la recaudación de la ANSES y en otro 50% la variación salarial).

La tercera variable en consideración es el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIN que mide la evolución promedio de los precios a los que el productor y/o importador directo vende sus productos en el mercado doméstico, información que figura en el índice de precios mayoristas. Es decir de alguna manera refleja también la variación del tipo de cambio.

Las autoridades aún se encuentran analizando en qué porcentaje incidirá cada una de estas tres variables en la fórmula de ajuste. Para acompasar las tarifas con estos indicadores, el presidente Fernández anticipó que elaborará un proyecto de ley.

Este sistema se aplicará hasta tanto se culmine el trabajo técnico que permitirá diferenciar usuarios en función de sus ingresos y consumos.

Según dijo el presidente Fernández, “este trabajo lleva unos 8 a 9 meses”. Cabe señalar que luego dicho relevamiento deberá ser sometido a las audiencias públicas.

En tanto, parece que la intención del ministro de Economía, Martín Guzmán expresada en el Presupuesto 2021 ha quedado, al menos por este año, postergada. El objetivo del Palacio de Hacienda es aplicar una adecuación tarifaria que acompañe la inflación estimada en 29% ya que también estiman mantener los subsidios se mantendrán en términos reales.