El proyecto de ley de desarrollo agroindustrial surgió luego de la propuesta que acercó el Consejo Agroindustrial, luego de su conformación el año pasado con más de 40 entidades. El llamado “campo dialoguista” fue recibido en el 2020 hasta por la vicepresidenta Cristina de Kirchner, y fue uno de los nexos con los productores durante el conflicto por las exportaciones de carne. Tras meses de trabajo en conjunto con el Gobierno, el sector consideró que el proyecto quedó “dormido”, aunque en una reunión con el presidente Alberto Fernández este mes, les confirmó que sigue en pie.

El Consejo Agroindustrial proyecta que el plan pueda alcanzar los u$s100 mil millones anuales en exportaciones y generar 700 mil puestos de trabajo en 10 años. Para eso, solicitaron “regímenes especiales” para promover la inversión en bienes de capital, subir los reintegros y simplificaciones aduaneras, sanitarias y fiscales, con el fin de avanzar con la industrialización en el agro. De hecho, la simplificación tributaria de todos los regímenes provinciales es uno de los objetivos del Ministerio de Economía, para que estén integrados los sistemas de recaudación y de retenciones.

Otro de los proyectos de ley que podría presentarse en los próximos días, es el de inversiones en hidrocarburos, redactado por la Secretaría de Energía y con fuerte reserva para con las empresas y los gobernadores petroleros. El proyecto, que cuenta con especial interés de la estatal YPF, buscará avanzar en el desarrollo de proyectos no convencionales, como en Vaca Muerta, pero también en pozos convencionales, con promociones impositivas de largo plazo. Como todos los proyectos que deben dirimirse con las provincias, buscarán que ingresen vía Cámara de Senadores, para que se le agreguen las propuestas de los gobernadores.

El tercer proyecto es el de movilidad sustentable, que ya tiene hasta el borrador redactado desde hace meses, y fue anunciado por Alberto Fernández en la apertura de sesiones. Plantea incentivos impositivos para reconvertir el mercado de vehículos (autos, motos, buses y autopartes), y crear el Instituto de la Movilidad Sustentable para investigación científica. En los considerandos, anticipa que este sector podría atraer inversiones por u$s300 millones y generar más de 2.000 puestos de trabajo.

El motivo que traba el envío de este proyecto es porque también incluye un tema clave: la industrialización del litio, con el ambicioso objetivo de contar en el país con una fábrica de baterías de litio. Como ocurre con otros temas, como la Hidrovía, hay diferencias en el Frente de Todos sobre si la explotación debe ser pública o privada. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo consideran que, sin capitales extranjeros, es “inviable” avanzar.

El cuarto proyecto de ley que se encuentra en redacción es el de inversiones en la industria automotriz, que irá en línea con el de movilidad sustentable, para dejar atrás la industria convencional y tener una mayor integración de autopartes. Estos dos últimos trabajos incluyeron el aporte de cámaras empresariales como es Adefa o Afac. La fabricación de vehículos tiene una balanza comercial negativa que el Gobierno busca revertir.