La cartera de Desarrollo Social de la Nación, que conduce la ministra Carolina Stanley, confirmó que más de 200 aportantes “truchos” que figuran en la causa penal, son beneficiarios de planes sociales.

El informe, que fue entregado al fiscal con competencia electoral, Jorge Di Lello, se enmarca en la investigación por robo de identidad y lavado de dinero del frente electoral Cambiemos de la provincia de Buenos Aires.

Según la denuncia, personas de bajos recursos, y candidatos y actuales representantes del oficialismo figuraban en el listado de aportantes sin haber sido los verdaderos financistas de la campaña.

De hecho, muchos de ellos salieron a negar su participación de forma pública. Desarrollo Social entrecruzó datos del listado de aportantes con las planillas de beneficiarios de planes de asistencia y se concluyó que 250 coincidían.

Esta situación, por demás irregular, alimenta una causa que tocó de lleno a la gobernadora, María Eugenia Vidal, presidenta del PRO bonaerense.

De hecho, la semana pasada, la mandataria decidió despedir como Contadora General, a su funcionaria de mayor confianza, María Fernanda Inza, porque estaba mencionada en la denuncia, ya que era la tesorera de Cambiemos.

Al parecer, este gesto por demás extremo y que provocó desconcierto en el propio oficialismo, no alcanzaría para cerrar el tema.

La causa.- La denuncia inicial fue presentada a comienzos de junio por la Fundación La Alameda, en base a una investigación del periodista Juan Amorín para el portal “El Destape”.

Allí se indicaba que del listado oficial, publicado por la Comisión Nacional Electoral (CNE), de aportantes a la campaña 2017 de Cambiemos, se encontraban más de 800 casos irregulares que negaban haber financiado.

La jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García, presentó a su vez una nueva denuncia, donde se involucraba a Inza, y a la propia gobernadora, en la cadena de responsbiilidades. Con la presentación llegaron además nuevas voces, incluso de concejales y hasta intendentes de Cambiemos, que negaron ser aportantes.

La información presentada por Desarrollo Social fue pedido por Di Lello, para certificar que efectivamente personas de bajos recursos y que negaron haber colaborado con Cambiemos, fueran beneficiarios de planes sociales.

En paralelo, el fiscal inició la ronda de testimonios donde se llamará a los testigos que indicaron no ser aportantes. Además, se buscará comprobar si muchos de ellos son afiliados al Partido PRO, tal como se consigna en las nóminas, o no lo son, como denuncian algunos.