Conocer las percepciones de los referentes comunitarios y los funcionarios locales respecto de la situación alimentaria que atraviesan las familias del Conurbano, especialmente las que concurren a las áreas sociales, comedores o merenderos, así como las distintas estrategias que se llevan adelante para resolver esta problemática, fue el objetivo de un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Se trata de un estudio cualitativo, a través de entrevistas realizadas en Almirante Brown, General San Martín, Moreno, Hurlingham, Lomas de Zamora y Florencio Varela, en el que el organismo que conduce Guido Lorenzino realizó un abordaje sobre cómo impacta la crisis entre los sectores más vulnerables, desde el punto de vista de los encargados de dar una primera contención en el territorio.

En una primera aproximación, surge el dato de que familias que nunca habían pedido comida hoy sí lo hacen, una problemática que afecta a miembros de una clase media incipiente que en los últimos años dejó de serlo o que cayeron en la pobreza. Los merenderos y comedores, donde antes era habitual la asistencia de jóvenes de hasta 16 o 17 años, hoy también recibe a personas de la tercera edad, abuelos y padres de familia. En algunos casos, reciben ahí la única ingesta de alimento que realizan.

Si bien los municipios afirman que los pedidos de alimentos se fueron incrementando desde diciembre de 2015, actualmente están al punto límite para atender a las familias debido a la explosión de la demanda desde abril de 2018. Todos coinciden en que no sólo aumentó el número de merenderos y comedores, sino que también confirman el dato de que hay más gente solicitando asistencia alimenticia.

Los graves problemas relacionados al acceso a la alimentación golpea directamente a la salud de la población, que está muy deteriorada producto de que emergieron enfermedades por falta de vacunas, además de observarse el surgimiento de patologías y enfermedades que se creían erradicadas.

La crisis y los problemas alimenticios se agravan en el caso de los niños: los centros de salud están registrando menores con bajo peso, y se ha incrementado el nivel de ausentismo escolar, ya que los padres no mandan a sus hijos a la escuela por carecer de zapatillas, ropa, útiles escolares, entre otros elementos indispensables.

Este escenario generó que las familias modifiquen su alimentación. El consumo de carne, por ejemplo, bajó significativamente. En los barrios, además, bajó de forma preocupante el consumo de leche, mientras aumentó muchísimo el consumo de la harina. Este combo produce obesidad en niños por el exceso de consumo de harina, o por falta de una dieta equilibrada. A su vez, las proteínas fueron sustituidas por arroz o fideos. A esta situación se suma que las madres dejan de comer para priorizar el alimento de sus hijos.

El impacto de la crisis no es sólo material, sino que también tiene un efecto psicológico adverso: hay preocupación por no encontrar alternativas laborales y los hombres y mujeres se sienten muy castigados y cohibidos. Por ejemplo, la vergüenza es el sentimiento más mencionado cuando se describe el estado en el que llegan los grupos familiares a los comedores.

Ante este panorama, las familias buscan alternativas para hacerle frente a la crisis: se reúnen para compartir los alimentos cuando no abren los comedores; colaboran con el merendero a cambio de comida; hacen compras comunitarias directas a productores; y trocan un servicio o tarea por alimentos.

Además, reaparecieron los "carreros" que hacía mucho tiempo habían dejado de verse en las ciudades; chicos que salen a "cirujear"; y el resurgimiento del "tren blanco" para ir a CABA. Por otro lado, se ven familias que comenzaron un proceso de siembra; ollas populares que se hacen en diferentes puntos de los municipios; acampes; trueque en el interior de los barrios; ropa por alimento; y pertenencias personales por comida.

Frente a esta realidad, ¿qué está haciendo el Estado para enfrentar esta problemática? Como las políticas de ajuste golpearon fuerte a los distritos, los municipios asumieron la responsabilidad de dar respuestas ante la crisis alimentaria, ya que la asistencia provincial resulta exigua y la asistencia nacional es prácticamente nula.

"La situación social resulta cada día más grave, lo que se evidencia en que cada vez más familias piden alimentos. La inflación golpea a la gente pero también afecta a quienes gestionan en el nivel local. Por este motivo, hoy cambió la agenda de las organizaciones, que de solicitar acompañamiento para fortalecer sus acciones culturales comunitarias
pasaron a demandar alimentos para los vecinos y las vecinas de los barrios. Estamos ante un escenario en el que la calidad de vida de las familias está cada vez más afectada", sostuvo Lorenzino.