El revés era previsible, pero no por eso dejó de doler. A las 20.30 del jueves, el tablero electrónico del Senado confirmó lo que en Balcarce 50 venían temiendo en silencio desde hacía días: los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos candidatos que Javier Milei había designado por decreto para completar la Corte Suprema, habían sido rechazados. El resultado fue claro: el juez federal recibió 27 votos a favor y 43 en contra y el jurista, que ya asumió en la Corte, recibió 51 votos en contra: más de dos tercios del recinto. Pero lo que terminó de dejar al desnudo la fragilidad del oficialismo no fue la matemática parlamentaria sino la falta de control sobre el tablero institucional.

Milei se enteró de lo sucedido desde el exterior. Estaba en Estados Unidos, buscando su foto con Donald Trump y explorando terminar de concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Buenos Aires, mientras tanto, se desmoronaba la principal jugada política de su asesor más influyente. Santiago Caputo había diseñado la estrategia con un diagnóstico implacable: no hay mayorías legislativas, pero hay tiempo y hay audacia. El plan parecía simple: aprovechar el receso del Congreso, designar por decreto a los candidatos, darles un poco de aire con una jura exprés, y empujar luego el acuerdo parlamentario como si fuera apenas una formalidad. Nada salió como estaba previsto.

En un gobierno que se jacta de no negociar con la política tradicional, la votación del Senado fue algo más que una derrota. Fue la confirmación de que hay límites que ni siquiera un presidente en modo guerra puede forzar sin consecuencias. Lijo permanecerá en su juzgado en Comodoro Py, despojado de la proyección suprema que había imaginado. García-Mansilla, en cambio, parece elegir resistir. Juró en febrero como juez de la Corte y en el Gobierno sostienen que se quedaría hasta noviembre, pese a la negativa explícita del Senado. En la Casa Rosada avalan esa decisión y dan a entender que la única manera de removerlo de su cargo sería a través de un juicio político.

“García Mansilla va a seguir hasta el 30 de noviembre”, aseguró este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según el funcionario, la continuidad del catedrático “es sin perjuicio de lo que defina el Senado”. Y añadió que, “de la misma manera, si su pliego se rechaza en este Congreso, el próximo que se instale a partir del 10 de diciembre va a ser otro y el Presidente podrá insistir con estos pliegos u otros para que sean tratados” en la Cámara alta. A esta altura, no está claro si el conflicto es institucional, jurídico o simplemente político. Lo único claro es que está abierto.

Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la Presidencia. Por lo cual, la sesión del Senado donde se tratarán los pliegos de los 2 jueces de la Corte ingresados hace más…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 3, 2025

El punto de inflexión fue la resolución 176/2025 de la Corte Suprema, firmada a comienzos de marzo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio García-Mansilla, que dejó sin efecto la licencia extraordinaria que Ariel Lijo había pedido para dejar en pausa su juzgado federal. Con ese fallo, la Corte no solo cerró la puerta jurídica a su incorporación inmediata, sino que le marcó un límite al experimento institucional del oficialismo.

La sesión de este jueves fue un capítulo aparte. A la ofensiva del peronismo, que garantizó sus 34 votos, se sumaron los senadores de la UCR y el PRO. Hubo contactos de último momento, incluso un pedido de Eduardo Vischi, el jefe del bloque radical, a Santiago Caputo para que el Gobierno retirase los pliegos. Pero la decisión del oficialismo ya estaba tomada: que la suerte de los jueces quede en manos de los senadores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo presente en el recinto, en su rol de presidenta interina por el viaje del mandatario. En su lugar, el senador Bartolomé Abdala presidió un debate cargado de acusaciones cruzadas. Sin embargo, desde sus redes, la titular del Senado envió un mensaje frío pero claro: recordó que los pliegos habían ingresado “hace más de un año” y que no sería ella quien pusiera la cara por una votación que el Gobierno sabía perdida. “Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente, me encuentro en el ejercicio de la Presidencia”, escribió en X.

La publicación coincidió —o no— con un tuit teledirigido desde la cuenta que se le atribuye a Caputo, acusándola de incurrir en una supuesta ilegalidad. “Que hace la Vicepresidente de la Nación en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso”, lanzó al mediodía @MileiEmperador, alias “John”, el avatar del asesor presidencial todoterreno, cuyas publicaciones son leídas atentamente por todo el arco político.

Pero no fue la primera vez que un viaje de Milei genera conflicto en el Ejecutivo. En diciembre del año pasado, fue el propio Presidente el que acusó a Villarruel de avanzar con la sesión para la expulsión del senador Edgardo Kueider, detenido por contrabando en Paraguay, a pesar de saber que él se encontraba en un vuelo rumbo a Italia. En ese entonces, el mandatario había argumentado que ella debía reemplazarlo y que, por ello, la sesión era inválida. La polémica también había sido motorizada, al igual que este jueves, por @MileiEmperador.