La diputada Elisa Carrió amenazó este jueves con romper la alianza Cambiemos, furiosa con el ministro Germán Garavano por haber dicho que "no sería bueno" que se pida la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner.

"La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desea verdad, justicia y condena. Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado Sr Presidente", lanzó Carrió en una carta en la que le recordó a Mauricio Macri que una condición del acuerdo de Cambiemos era el fin de la corrupción.

Carrió habló de la "falta de apoyo" del radicalismo en su avance contra Garavano, porque sabe que el ministro tiene el apoyo del grupo de "Coti" Nosiglia y Ricardo Gil Lavedra, a quien tiene en Justicia 2020, enfrentados con la diputada. Además, aseguró que su decisión de avanzar con el juicio político no es impulsada por "calentura" ni tampoco una amenaza, sino "una decisión colectiva e irrevocable". La diputada dejó trascender que les pidió a sus colaboradores que avancen con la medida.

La polémica arrancó porque Garavano dijo que "no parece bueno el desafuero y la detención, siendo que puede brindar explicaciones en el marco de un juicio oral, pero eso es algo que debe resolver la Justicia y el Senado". 

Los dichos desataron la furia de Carrió, que quiere ver presa a la ex Presidenta y lo que hizo la diputada fue mandar un mensaje al sector de la Rosada que empuja la estrategia de golpear judicialmente a Cristina pero mantenerla libre y competitiva de cara a las elecciones del año que viene, para bloquear el surgimiento de una alternativa opositora fuerte, sin el techo que tiene la ex presidenta.

Esta polarización permanente ideada por Peña y Durán Barba sobre la base de la opción "Nosotros o Cristina" le permite a Mauricio Macri soñar con la reelección aún en un contexto de crisis económica y caída de su valoración.

Pero el mensaje de Carrió despertó la dura interna de Cambiemos, con el tema de las prisiones preventivas como divisor de aguas entre la diputada y Peña, que no quiere que se avance con ninguna restricción electoral. 

Como reveló Marcelo Bonelli, un sector de la Rosada puso en marcha un plan para exculpar a empresarios y "encapsular" el escándalo de los cuadernos de las coimas. Según el periodista, había cuatro encargados de llevar adelante este proceso: el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el ministro de transporte Guillermo Dietrich y el asesor presidencial Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. 

La idea que se difundió implicaba que los involucrados pierdan sus derechos: los empresarios a continuar al frente de sus compañías, los políticos a postularse para cargos públicos. Este proyecto tiene el aval de Carrió, que juega en tándem con Pepín.

En ese escenario, comenzó a trascender que el sector de operadores judiciales que encabeza el "Tano" Angelici busca desplazar al camarista federal Martín Irurzun, promotor de la doctrina de prisiones preventivas y que tiene a su cargo la oficina de escuchas. Por eso, Pepín se juntó días atrás con Irurzun. 

Pese a su cercanía con Ricardo Lorenzetti, Carrió sabe que Irurzun tiene juego propio y mucho peso en Tribunales. En rigor, la diputada siempre reconoció su prestigio y manejo político, por lo que se acercó a través de Pepín. 

En la vereda de enfrente, Garavano en línea con Peña insiste en que Cristina no debería ir presa. Desde el entorno del ministro dijeron a este medio que no es "un dirigente político", sino que opina como funcionario desde un lugar institucional. Se atajan en que lo que defiende es el debido proceso. "Para que la gente esté presa, se tiene que cumplir con lo que dice la ley. Se reclama la urgencia de los procesos para que se llegue a juicio oral", explican en el Gobierno.

FUENTE LPO