Desde asociaciones pediátricas y de profesionales de la salud calificaron las declaraciones como “inaceptables” y recordaron que el derecho a la salud está garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales que Argentina suscribe.

Organizaciones de derechos humanos y referentes sociales también se manifestaron en contra de la postura de la legisladora. “Negar la atención en hospitales públicos de referencia como el Garrahan es atentar contra la niñez y la vida misma”, remarcaron desde una ONG dedicada a la protección de la infancia.

La polémica no tardó en trasladarse al terreno político. Mientras dirigentes de la oposición exigieron un pedido de disculpas y hasta plantearon evaluar sanciones en el recinto, en el oficialismo algunos intentaron relativizar la frase, asegurando que fue “sacada de contexto”.

El Hospital Garrahan, centro pediátrico de referencia en toda Latinoamérica, atiende a más de 500 mil niños por año y es un emblema de la salud pública argentina. Por eso, las declaraciones de la senadora no solo encendieron la indignación social, sino que reabrieron el debate sobre el rol del Estado en la garantía de derechos básicos como la salud infantil.