En una extensa reunión que tuvo lugar a través de una videoconferencia encabezada por Kicillof y de la que participaron los jefes comunales Joge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui); Fabián Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Blanca Canteros (Presidente Perón) y Mayra Mendoza (Quilmes), entre otros, se repasó la situación en el Conurbano en donde se han producido tomas de tierras y usurpaciones ilegales, debido, entre otras cuestiones, a la problemática estructural de la falta de vivienda en el territorio bonaerese, situación que advierten se agravó "fuertemente en los últimos cuatro años". 

Durante el encuentro, se estableció un plan de acción que constará de una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia y los municipios del AMBA, de modo de dar un abordaje integral a la problemática con acciones de carácter coyuntural y estructural.

"Las usurpaciones no solo son ilegales sino que además producen situaciones injustas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional pero este no se soluciona con intrusiones ilegales", afirmó Kicillof.

El mandatario bonaerense agregó que el Ministerio de Seguridad a cargo de Sergio Berni "viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas. Necesitamos además que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente".

En esa dirección, se resolvió adoptar acciones puntuales para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, se estableció un sistema de "alerta temprana" entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos. 

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren el déficit habitacional.

En tanto que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos anunció la puesta en marcha, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, de un plan de 8.000 viviendas en el marco del Programa "Provincia en Marcha" para los años 2020 y 2021. 

Además, se retomará la construcción de otras 5.700 viviendas que habían sido interrumpidas durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, y con el financiamiento del gobierno nacional y el provincial, se construirán otras 2.300 nuevas unidades

A la vez, se informó que el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) está llevando a cabo el plan de urbanización de barrios populares en 14 distritos de la Provincia.

En los últimos días, varios intendentes enrolados en Juntos por el Cambio habían advertido que las usurpaciones se vienen incrementando de una manera "alarmante", lo que generá "angustia y preocupación en los vecinos".

En las últimas horas, también los jefes comunales del Frente de Todos pertenecientes a la Tercersa Sección, salieron a condenar "rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas" y le pidieron una audiencia al gobernador.

"Hay una demanda genuina de los intendentes sobre este tema, pero en particular, también vimos una cuestión absolutamente política por parte de la oposición, la que salió muy en tandem a denunciar el tema", señaló una fuente de la gobernación, la que agregó que en lo que va del año realizaron 868 desalojos, con 524 detenidos, "lo que demuestra que hemos venido trabajando".

La fuente precisó que "al analizar la progresión de la construcción de nuevas viviendas sociales por parte del Estado nacional y provincial en territorio boanerense, se observa que entre los años 2009 y 2015 se construyeron unas 6.646 viviendas en promedio por año, mientras que en el período 2016-2019 dicho guarismo cayó a sólo 2.030 viviendas por año".

"Hay un déficit habitacional histórico que hay que resolver, tenemos que evitar las tomas, pero además, creemos que la oposición, que utiliza el tema para desviar la atención, debería responder porqué no hicieron viviendas en los años que fueron gobierno", concluyó el vocero.