El trasfondo es una historia de desconfianzas, acuerdos bajo la mesa y un ajuste que, mientras se descarga sin piedad sobre las espaldas de la clase media y los asalariados, encuentra insólitos atajos cuando se trata de negociar la paz social con las cúpulas.

De la promesa de "fin de la casta sindical" a la letra chica del decreto

Durante el debate de la Ley Bases y la reforma laboral en el Congreso, Sturzenegger intentó posicionarse como el verdugo de la recaudación gremial. Sin embargo, su ímpetu privatizador e individualista fue recortado tempranamente por el pragmatismo del ala política del Gobierno. En aquel momento, la influencia de Santiago Caputo, los Menem y socios territoriales como Diego Santilli primó para evitar que la CGT ganara las calles: se acordó mantener los aportes, fijando un tope del 2% y exigiendo el consentimiento explícito de los trabajadores no afiliados.

Pero la calma duró poco. Convencido de su propia cruzada, Sturzenegger aprovechó la reglamentación dictada el mes pasado para colar una "letra chica" que asfixiaba financieramente a los gremios: limitó el cálculo del 2% exclusivamente al salario básico convencional e incluyó dentro de ese techo los aportes extraordinarios que realizan las empresas.

Para la conducción cegetista, la jugada del ministro de Desregulación fue leída como una abierta mojada de oreja. La respuesta no fue una marcha ni un paro general —herramientas que la central sindical parece guardar con excesiva prudencia mientras el poder adquisitivo de los trabajadores cae en picada—, sino una intensa negociación de pasillo con los interlocutores libertarios del "ala política".

El resultado de esa gestión sigilosa se materializó esta semana con la firma de un nuevo decreto por parte de Javier Milei, rectificando el texto de Sturzenegger y cediendo ante los reclamos de la central obrera:

Ampliación de la base de cálculo: El tope del 2% ya no se aplicará solo al sueldo básico, sino que incorporará las "sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional". Aunque se excluyen conceptos como horas extras, aguinaldo o plus vacacional, la medida oxigena considerablemente la recaudación de los sindicatos.

Blindaje a los fondos de obra social: Los aportes extraordinarios patronales quedaron excluidos de dicho tope. Bastará con que tengan una asignación específica en los convenios colectivos para que sigan fluyendo hacia las estructuras gremiales, garantizando el financiamiento de las cajas y la cobertura de salud.

Mientras el ajuste fiscal de Milei estrangula a la clase media y licúa los ingresos de los asalariados, la verdadera "resistencia" de la conducción sindical encontró su límite exacto donde empiezan las finanzas de sus propias estructuras.

Este nuevo episodio deja al desnudo las contradicciones del programa libertario. Por un lado, el Gobierno muestra una intransigencia feroz para congelar jubilaciones, recortar presupuestos universitarios o avalar despidos en el sector público y privado. Por el otro, demuestra una notable flexibilidad cuando la rosca política exige mantener lubricados los canales de diálogo con los poderes corporativos.

Derrotada la cautelar en la Cámara de Trabajo que frenaba los aspectos más regresivos de la reforma para los trabajadores de a pie, la CGT dio por concluida su batalla principal. Una vez asegurada la supervivencia de las cajas sindicales, el capítulo judicial parece dar paso a una tensa pax armada. En el medio quedan los trabajadores formales y las familias de la clase media argentina, observando cómo en las alturas de la política las convicciones ideológicas se amoldan con pasmosa facilidad al compás de la necesidad fiscal y el pragmatismo del poder.