El Congreso buscará saldar este año una vieja deuda con la designación del Defensor del Niño, un cargo vacante desde su creación, hace 13 años. La comisión bicameral encargada del tema avanzará a partir de agosto con la elección de uno de los 68 candidatos y el nombre podría estar para septiembre u octubre, mientras legisladores que rechazan el aborto legal levantan reclamos aislados y siguen de reojo el proceso.

La bicameral quedó constituida bajo la presidencia de la senadora Norma Durango (PJ La Pampa) y el mes próximo empezará a ajustar los detalles de cara al examen escrito que deberán rendir los postulantes, así como las audiencias públicas que tendrán que celebrarse antes de la votación en el recinto de ambas cámaras.

Desde que se reactivó el tema, la comisión trabajó a buen ritmo y cerró el año pasado con la presentación de los 68 candidatos y sus antecedentes. Entre ellos hay algunas figuras conocidas, como la activista Gabriela Arias Uriburu; María Elena Naddeo (directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo porteña); Nora Schulman (directora de CASACIDN) y María José Lubertino (extitular del INADI).

Este año, la falta de acuerdos políticos entre ambas cámaras por la distribución de presidencias y ciertas pujas de poder al interior de los bloques demoraron la conformación de varias bicamerales, entre ellas la del Defensor del Niño. Pero además, se coló el debate sobre el aborto y con él las dudas de algunos diputados -fundamentalmente del Pro- sobre la opinión del futuro ocupante del cargo al respecto.

“La bicameral no está aislada y el debate sobre aborto repercutió, aunque eran más especulaciones que realidades, más expresiones de deseo que decisiones políticas”, indicó una diputada involucrada en el tema y defensora de la interrupción voluntaria del embarazo, convencida de que los debates van por carriles diferentes.

El proceso y los postulantes

La Ley 26.061, de 2005, fue la que creó la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La norma delega en la bicameral tanto la elección como la designación del cargo, por dos terceras partes de sus miembros; es decir, no obliga a que haya votación de ambas Cámaras. Sin embargo, así se hará. “Cuando asumimos la tarea, le quisimos dar más legitimidad al proceso y acordamos llevar el tema al recinto”, dijo la radical Carla Carrizo, anterior presidenta de la comisión.

La primer semana de agosto, la bicameral volverá a reunirse para ajustar las partes más operativas del proceso de selección, cuyo próximo paso es el examen escrito y anónimo que deberán superar los inscriptos. La prueba versará sobre “la situación actual de la niñez y la adolescencia en la Argentina; principales desafíos, políticas públicas y legislación; y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a la Argentina”, entre otros temas.

Los candidatos que aprueben el examen deberán luego presentar su plan de trabajo, donde tendrán que plasmar sus prioridades para la Defensoría del Niño e imaginar un diseño institucional. La última fase del proceso es la audiencia pública, donde deberán someterse a preguntas de legisladores y organizaciones civiles.

Hubo más de 6.000 adhesiones y nueve impugnaciones presentadas. Según un informe, del total de postulantes la mayoría son mujeres (63%) y el 38% tiene entre 50 y 59 años. Además, 34 de los 68 inscriptos son abogados y hay seis trabajadores y trabajadoras sociales. Casi la mitad reside en la provincia de Buenos Aires (45%).

De acuerdo con la ley, el defensor durará en sus funciones cinco años y podrá ser reelecto por una sola vez. Cuando entre en funciones, deberá brindar informes periódicos a la bicameral, que tendrá entonces el rol de acompañar y controlar su gestión.

Además de Durango, integran la comisión la macrista Gladys González, la radical Pamela Verasay, la justicialista Sigrid Kunath y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, en nombre del Senado. Por Diputados están Carla Carrizo (Evolución), Samanta Acerenza (Pro), Soledad Carrizo y Verónica Mercado (FpV-PJ).

¿Qué hace el Defensor del Niño?

Esta figura “tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”, según establece el artículo 47 de la Ley 26.061. Para cumplir con esta tarea, el Congreso ya aprobó una asignación presupuestaria de 50 millones de pesos.

“El defensor tendrá que proteger en forma activa derechos de incidencia colectiva que se ven vulnerados, presentando amparos”, explicó Carla Carrizo.

¿En qué casos concretos podría actuar? La diputada puso como ejemplo la paritaria docente, que cada año suele retrasar el inicio del ciclo lectivo. “Los niños no son objeto de las disputas de los mayores; son sujetos de derecho. No puede haber una provincia que esté dos meses sin clase, porque la educación es un derecho básico en todo el país”, señaló.

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FUENTE: EL PARLAMENTARIO