En la sesión, el diputado bonaerense del Frente de Todos Rubén Eslaiman presentó los proyectos de expropiación sin debate en el recinto.

El basamento legal para la declaración de utilidad pública y expropiación se apoya en la Ley N° 14.806, que declaró la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de resguardar la integridad física y los bienes de todas las personas.

“En la actualidad, el Servicio Penitenciario Bonaerense afronta la sobrepoblación más alta de su  historia, cuyo registro se ubica por encima del cien por ciento, de acuerdo a la capacidad de alojamiento de las 58 unidades penitenciarias y 10 alcaldías departamentales existentes”, señala el texto de la iniciativa.

En los fundamentos, el proyecto hace referencia a que “la Suprema Corte de Justicia bonaerense exhortó al Poder Ejecutivo a que “arbitre los medios necesarios para la urgente subsanación de este estado de cosas”.

Para tal fin, y con críticas de la oposición (en las cámaras lo aprobaron en general pero cuestionaron la elección de los terrenos en municipios como Quilmes o Tigre), de algunos jefes comunales y de sectores de la sociedad civil, la Legislatura aprobó la iniciativa que autoriza al Ejecutivo a expropiar inmuebles en los partidos de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre.

Se trata de una problemática estructural que desde hace tiempo azota a la provincia, e incide directamente en las condiciones de detención dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en alcaidías departamentales, como así también, en comisarías.

De todas formas, en los fundamentos de los proyectos de ley de expropiación, se hace referencia a un incremento extraordinario en el número de personas privadas de la libertad entre los años 2016 a 2019.

Según las estadísticas oficiales se pasó de 35 mil encarcelados, con una tasa de prisionalización de 240 por cada 100 mil en 2015; llegando a finales de 2019 a una tasa de 308 cada 100 mil habitantes y 49 mil presos.

Pues como resulta obvio, estas circunstancias elevo sensiblemente los niveles de hacinamiento y agudizó el deterioro del sistema penitenciario provincial.

La aprobación sobre tablas de estas iniciativas del Poder Ejecutivo avanzó con el acuerdo de las bancadas mayoritarias, pero, además, con visto bueno de los poderes locales de los distritos donde se radicarán los establecimientos penitenciarios.