La historia en sí misma es siniestra. Durante la última dictadura militar, el gobierno de facto decidió sacar de CABA a buena parte de los barrios de emergencia. Para eso se le transfirieron al gobierno porteño (por entonces no tenía autonomía) terrenos en La Matanza en los que se establecieron algunas de las villas más conocidas, por ejemplo San Petersburgo y Las Antenas. Pese a que la propiedad de los terrenos es de CABA, nunca se pagó impuesto alguno, por lo tanto este es el primer reclamo del municipio que actualmente encabeza Fernando Espinoza. Pero, además, en todos estos años hubo un daño ambiental y La Matanza proveyó millones y millones de pesos en servicios de salud, seguridad y saneamiento para esos barrios en terreno propiedad de CABA. 

La presentación judicial se concreta tras un período de negociaciones en los que intervino, además del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la administración de Espinoza, como mediadora, la iglesia católica y el gobierno nacional, representado por Gustavo Beliz. “Es una deuda histórica producto de la deportación de pobres que hizo la dictadura desde CABA hacia La Matanza”, resumen desde San Justo, sede del gobierno matancero.

La historia detrás de la demanda judicial es impactante. Nadie se olvida que en épocas de la dictadura militar se recurrió directamente a las topadoras para desalojar algunos de los barrios más humildes de Buenos Aires. 

En ese marco, los uniformados prometieron a los habitantes de esas villas que los mudaban provisoriamente a La Matanza y otros municipios, mientras se construían viviendas sociales adecuadas. Como es obvio, eso no se cumplió y, como los traslados eran supuestamente transitorios, tampoco eso llevó a que se construyeran viviendas dignas ni que se dotaran a las 400 hectáreas cedidas de servicios esenciales de electricidad y agua.

El traslado se hizo a terrenos que los militares le transfirieron a la Ciudad, es decir que hoy están a nombre de CABA, y el municipio matancero argumenta que nunca se pagaron ni siquiera las tasas más elementales. “Desde hace 28 años, que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma y siempre miraron para otro lado cuando se reclamó esa deuda”, señala el equipo de Espinoza. 

La ciudad más rica de la Argentina

“Estamos hablando de una Ciudad que tiene un presupuesto de 24 mil millones de dólares frente a un municipio cuyo presupuesto es de 800 millones de dólares. Hay 2 mil por ciento de diferencia. Es como comparar a una persona que gana 50 mil pesos por mes con una que gana 1 millón de pesos mensuales”, completaron desde San Justo.

Por supuesto que el gobierno porteño —que participó de la negociación— argumenta que el tema es del gobierno nacional porque en aquel momento Buenos Aires no era una ciudad autónoma. Pero La Matanza esgrime la cuestión de la continuidad jurídica: son terrenos que la dictadura le cedió a Buenos Aires y por lo tanto es el distrito local el que debe pagar.

Como se ha visto con otros casos, este litigio es casi seguro que termine en la Corte Suprema. “Acá hubo una deportación de pobres —redondean desde La Matanza— y constituyeron algo parecido a los campos de refugiados que existen en las zonas de guerras. Pero no se hicieron cargo de los costos, ni en tasas ni en el daño que significó a los arroyos cercanos, además de la necesidad que hubo de recursos sanitarios, de seguridad y de todo tipo”. 

Según dicen en La Matanza, en la preparación de la demanda participaron numerosos profesionales de todos los ámbitos, lo que incluye arquitectos, sanitaristas, sociólogos, psicólogos sociales, ambientalistas y, por supuesto, tributaristas.