Así se desprende de una encuesta encargada por el Gobierno a la consultora Analogías, con 1000 casos, con entrevistas telefónicas con la modalidad IVR entre una población de entre 16 a 74 años en condiciones de votar, un margen de error de +/- 3,0 y un 95% de confianza.

El 81% de los consultados conocía la decisión de congelar tarifas y el 78% los apoyaba; y un 71% sabía que de ahora en más serían servicios púbicos, con igual porcentaje de respaldo. Un 67.9% están de acuerdo en que las tarifas sean reguladas y sólo un 25% se opone.

Mientras que el 52.4% de los entrevistados creen que las empresas no pueden excusarse en el congelamiento salarial para no invertir, mientras que el 36.6% consideró que pueden escasear si no suben las tarifas cuanto antes. 

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En el Gobierno apuntan por estas horas otros casos de regulación, como Canadá, Finlandia, Francia, Costa Rica, Corea del Sur y Holanda.

En Canadá, la Comisión de Radio-Televisión y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC) declaró en 2016 a internet como servicio básico. Entre las particularidades de la decisión estaba el desembolso de 558 millones de dólares en cinco años para asegurar el acceso a internet de alta velocidad (al menos 50 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida) a todos, incluso en las zonas más remotas y rurales del país.

Finlandia fue el primer país del mundo en conceder a todos sus ciudadanos el derecho legal de tener acceso a la banda ancha. En un principio los autorizó a disponer de una conexión de 1 Mbps, que pasó a 100 Mbps en 2015. La ley de Mercado de Telecomunicaciones obliga a los 26 teleoperadores de Finlandia a proporcionar una conexión a internet "de alta calidad y a un precio razonable", con una velocidad de descarga de al menos 1Mbps.

Francia declaró internet como un derecho y sostuvo que es un motor de crecimiento económico y un vector de libertad y democracia. Además de destacar la necesidad del acceso, el país hace hincapié en resguardar la seguridad de las personas, los datos personales y las imágenes.

En Costa Rica la l ley general de telecomunicaciones establece en uno de los artículos que todos los usuarios deben tener acceso a internet. "Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija. La conexión debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet", sostiene.

El ministro de asuntos económicos holandés Henk Kamp anunció en 2016 que el internet inalámbrico era una necesidad básica y anunció un proyecto de desarrollo tecnológico para que los consumidores y las empresas puedan acceder al servicio.

El Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur informó que comenzó a ofrecer en todo el país el servicio de internet de superalta velocidad, que permitirá un acceso universal y cómodo a los datos en línea. Según el ministerio, el internet de alta velocidad ha sido designado como un servicio universal que todos tienen derecho a recibir, independientemente de dónde se encuentren.

FUENTE: La politica on line