Pese a que el gobierno se llena la boca hablando de las pymes y los beneficios que según su visión se le dieron a las pequeñas y medianas empresas a partir de la sanción de la mal llamada Ley Pyme, el sector sigue bregando por políticas serias que den soluciones concretas a las dificultades que atraviesan desde el cambio en la política económica.

Sucede que desde que el macrismo asumió al frente del Ejecutivo, todas y cada una de las decisiones implementadas en materia económica han golpeado fuertemente a los empresarios y productores nacionales, haciendo imposible la continuidad de gran parte de las actividades que desarrollan. Desde el tarifazo en los servicios, la devaluación, la eliminación de facilidades crediticias y la apertura indiscriminada de importaciones, en el marco de un mercado interno deprimido, han provocado ya el cierre de miles de empresas y de seguir en este camino serán muchas otras miles las que deban abandonar la actividad productiva, con la consecuente pérdida de cientos de miles puestos de trabajo.

Según explicó el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Buenos Aires (APYME), Julián Moreno, “La situación de las pymes no es la que vende el gobierno”.

De acuerdo a su experiencia en el sector, Moreno explicó que “lo que más estamos sufriendo las Pymes es la baja en las ventas, con un mercado interno restringido por la baja del poder adquisitivo de los trabajadores, sumado al aumento de costos por subas de tarifas, insumos y combustibles”.

La entidad viene trabajando en un proyecto de ley que declare la Emergencia Mipyme en todo el país, pero no han conseguido el apoyo necesario de los legisladores del oficialismo, que insisten que ese tema se resolvió con la aprobación de la Ley 27.264, de fomento a las pymes.

La nueva normativa prevé algunos puntos que efectivamente resultan beneficiosos para el sector, pero es insuficiente y apropiada para otro contexto económico. Es decir, los pretendidos beneficios e instrumentos que se crean a partir de su promulgación no resuleven la crisis del sector ni impactan en un plazo acorde a las urgencias de los pequeños y medianos empresarios nacionales. Es, en el mejor de los casos un instrumento que podría contribuir al sector si la economía, el mercado interno y el consumo estuvieran en su mejor momento. Y lo cierto es que por el contrario, el país atraviesa una de sus peores depresiones de las que se tenga memoria.

En esa línea, Moreno remarcó que “Junto con la apertura de importaciones, se conforma el combo explosivo que está destruyendo a las Pymes. Por otra parte, se agudizan los embargos, porque la AFIP endureció los planes de pago. La situación que estamos atravesando no es la que vende el Gobierno, sino que es sumamente crítica”.

Julián Moreno explicó que “nuestra responsabilidad como dirigentes es hacer conocer esta situación, y trabajar para revertirla. En los municipios y las provincias estamos impulsando la declaración de la emergencia Mipyme, porque en el nivel nacional no encontramos respuestas ni voluntad de que se ocupen de los problemas reales. La llamada ‘ley Pyme’ tiene mayormente beneficios que no son aplicables en una situación recesiva como la actual, parece hecha para otro país”, concluyó.