El oficialismo confía en una mayoría con respaldo del interbloque federal y la izquierda, que copó las calles con militantes a favor de una rápida sanción. Si la alcanza, buscará aprobarla en noviembre, después de la sesión del presupuesto. 

El plenario fue coordinado por Leonardo Grosso, del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Naturales, quien estaba decidido a apurar el dictamen pero tras una negociación con el radical Ricardo Buryaile aceptó pasar a un cuarto intermedio por una semana. Había pedido definir un amplio cronograma de invitados y estirar el debate, pero no fue posible. 

Grosso precisó que para "poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible y coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo".

La intención del oficialismo es arribar a un consenso entre al menos una decena de iniciativas que buscan establecer un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales.

La mayoría de los proyectos realizan una definición de los humedales y proponen un inventario nacional, una suerte de mapa para que cada provincia precise las ubicaciones de estos espacios y defina qué características tienen y qué funciones cumplen.

En el marco del debate, el socialista Enrique Estévez señaló que en la ley "tiene que haber un solo inventario sino a partir de qué consenso vamos a partir" sobre los humedales a proteger y destacó la necesidad de que ese inventario "sirva como insumo y sea elaborado con la participación de la gente para garantizar la responsabilidad de los funcionarios".

Previamente, la diputada del Frente de Izquierda, Miryam Bregman, sostuvo que "es importante determinar la definición de humedal que contemple los existentes, que ocupan más de un 20% del territorio nacional, establecer los objetivos de conservación y restauración; y crear una autoridad nacional de aplicación".

La ley de humedales es una deuda de la Constitución de 1994, que obliga al Congreso a legislar sobre presupuestos mínimos ambientales. Nunca pasó el filtro de Diputados, donde en 2020 la Comisión de Recursos Naturales emitió un dictamen, pero nunca se trató en las demás, incluso algunas presididas por oficialistas, como Agricultura. 

Nadie discute que los humedales son ecosistemas con reservorios de agua que contribuye a la biodiversidad y a combatir el cambio climático. El dilema está en la definición técnica que le otorga cada proyecto, porque sectores del agro, los hidrocarburos y la minería sostienen que si se amplía demasiado no podrán producir.

Como hicimos desde el día uno, estamos trabajando para construir el proyecto de Ley de Humedales con los mayores niveles de apoyo posible. El proyecto consensuado cuenta con el acompañamiento de nuestro bloque y de la mayoría de la oposición.#LeyDeHumedalesYA

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) September 22, 2022

Juntos por el Cambio impulsa su propio dictamen, defendido por Ximena García (UCR) y Maxi Ferraro (Coalición Cívica), que delega en la Nación y las provincias el inventario nacional de humedales y sólo protege los reconocidos. "La ley no debe obstaculizar actividades productivas", dijo Ferraro.

El proyecto del oficialismo considera los humedales como "ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo". 

Grosso dijo que la misma definición usó la secretaría de Ambiente en 201. "El 80% de los humedales del mundo a lo largo de la historia fueron destruidos. Desde la Convención de Ramsar (en 1971) hasta acá, el 30% fue eliminado y en América Latina tenemos el triste récord de superar ese 30% y haber borrado el 56%. No perdamos esta oportunidad, asumamos la responsabilidad que tenemos".

El rechazo a la ley del oficialismo lo lideraron Buryaile y su correligionario correntino Jorge Vara, quien mostró mapas para alertar que con esa norma se paralizarían el 50% de las tierras productivas del país y el 75% de Corrientes. "La Constitución defiende el derecho a la propiedad privada. Sino hay que hacer otra y abolirlo", desafió. 

Le respondió Camaño. "Argentina tiene el 72% del territorio desertificado. Somos un país árido y semi-árido y esto afecta al 30% de la población. El 87% del Parque Chaqueño está desforestado. Cuando hablamos de humedales hablamos de las famosas tierras pobres".

"Esta ley no va a impedir la producción, esta ley les va a exigir que produzcan de manera sustentable. No puede venir cualquiera a llevarse nuestros recursos y dejarnos un desastre ambiental. En el primer mundo eso no pasa de ninguna manera", señaló.