A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de este lunes, el ministerio de Economía bonaerense, a cargo de Hernán Lacunza, estableció que aquellos municipios que mantengan deudas con organismos del sector público no financiero y financiero de la Provincia no podrán acceder a nuevos préstamos hasta tanto no regularicen su situación. 

La medida, en este sentido, alcanza al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), al  Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima (Provincia ART), con quienes los intendentes deberán saldar sus deudas para solicitar un préstamo a través del Programa Provincial de Desarrollo (PPD) 

“Ambas partes podrán acordar una instancia de revisión para determinar entre ellas un saldo de deuda y, en su caso, el modo de pago, todo lo cual deberá ser comunicado al Ministerio de Economía por el respectivo organismo, junto con la documentación que así lo acredite. Las deudas que se encuentren en dicho proceso de revisión, no se considerarán como deudas exigibles”, aclaró el Ministerio.

La resolución se enmarca dentro del conocido “Pacto Fiscal” que firmó la Provincia con 95 municipios, que incluyen casi la totalidad de los distritos gobernados por Cambiemos y a una veintena de comunas controladas por el peronismo, el Frente Renovador o espacios vecinalistas.

En rigor, el artículo 8 bis de la ley 14.984 que modifica el Régimen de Responsabilidad Fiscal de la ley 13.295 establece que los municipios necesitan adherir al Pacto Fiscal para acceder a operaciones de endeudamiento, a operaciones de leasing y/o compras a plazo, además de suscribir fideicomisos. Y especifica que aquellos que requieran asistencia financiera no la tendrán si no firman.
 
Desde el principio, la medida lanzada por el Ejecutivo –en consonancia con el Régimen Fiscal que el gobierno nacional firmó con las provincias– despertó polémica. Sin embargo, las resistencias de la oposición comenzaron a menguar de a poco, y varios jefes comunales aceptaron poner el gancho. De todos modos, Lacunza está lejos de convencer a la totalidad de los jefes comunales, el objetivo que se había fijado, al menos a principios del año pasado. 

Desde el Ministerio de Economía llamaban insistentemente a las secretarías de Hacienda de varios municipios “rebeldes” para consultarlos sobre la fecha de la adhesión y el aval del Concejo. Pero, con la megadevalución del dólar, los llamados cesaron.