Los datos se desprenden de un minucioso relevamiento elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) sobre la base de microdatos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El informe desnuda cómo el estrangulamiento del ingreso disponible de los sectores medios y asalariados transformó el acceso a la salud en un lujo prohibitivo, alterando de raíz la estructura de bienestar del país.

El combo letal: desregulación desmedida y destrucción de empleo formal

El éxodo sanitario se explica por la confluencia de dos variables clave inducidas por el programa económico oficial:

1. Cuotas por las nubes: La liberación de precios impuesta desde los inicios de la actual administración habilitó aumentos acumulados en las cuotas de medicina prepaga del 475% (período noviembre 2023 - julio 2026). La cifra aventajó con creces a la inflación del período, que se ubicó en torno al 329%, destruyendo la capacidad de pago de los hogares de clase media que históricamente amortiguaban su atención en el subsistema privado.
2. Caída del trabajo formal: La recesión inducida y el achique del mercado interno se cobraron 241.746 puestos de trabajo asalariado registrado. La desvinculación laboral arrastra de manera automática la pérdida de la obra social sindical, desamparando al trabajador y dejando sin cobertura a todo su núcleo familiar.

Lejos de la teoría del libre mercado como asignador eficiente de recursos, la desregulación operó como un mecanismo de expulsión masiva.

El traspaso de más de 1,2 millones de personas hacia el subsistema estatal se produce en un escenario donde las provincias y los municipios sufren fuertes recortes de transferencias y dificultades para adquirir insumos básicos y medicamentos de alto costo.

La distribución territorial del fenómeno evidencia contrastes severos:

• Conurbano bonaerense (GBA): Epicentro en términos de volumen. La población sin cobertura privada aumentó un 21,4%. En el Área Metropolitana, los habitantes que dependen únicamente de la salud estatal saltaron del 30,8% al 35,9%, sumando a 904.131 personas a las salas de espera de los hospitales bonaerenses.
• Norte argentino (NEA y NOA): El Noreste ratificó su estatus como la región con mayor vulnerabilidad del país: el 46,3% de su población depende del sistema público, sumando 40.716 nuevos usuarios. Por su parte, el Noroeste sumó 43.227 personas, alcanzando una tasa de dependencia estatal del 39,6%.
• Cuyo y Región Pampeana: En territorio cuyano, la dependencia pública trepó al 38% (+82.708 personas), mientras que la zona Pampeana absorbió a 146.481 nuevos pacientes (+32%).
• Impacto austral: Ciudades como Ushuaia - Río Grande encabezaron el ranking porcentual nacional, con un aumento del 47,1% en la población sin cobertura privada, seguidas por Viedma - Carmen de Patagones (+40,1%) y el Gran Catamarca (+21,8%), reflejando la fuerte retracción de la actividad industrial y comercial en los extremos del país.

El informe del IAG puntualiza que la desprotección afectó con idéntica crudeza a ambos géneros. En el segmento femenino, 624.948 mujeres quedaron fuera del sistema de obras sociales y prepagas (un incremento del 13,35% en la dependencia pública). En el masculino, los desvinculados alcanzaron a 621.337 hombres (un alza del 13,09%).

El repliegue del Estado nacional en su rol de árbitro y regulador de las relaciones económicas no eliminó la demanda de salud; simplemente la trasladó, precarizada y sin financiamiento, a la guardia del hospital público. Una factura social que el ajuste ortodoxo traslada a las espaldas de las provincias y de los sectores que viven de su trabajo.