En un momento en el que el gobierno insiste con la narrativa de “no hay plata” para sostener derechos laborales y recomponer ingresos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La contratación fue tramitada bajo la figura de “Adjudicación Simple por Especialidad”, un mecanismo que no exige licitación pública abierta y que, en este caso, contó únicamente con la oferta de la propia AACI. Aunque el procedimiento está contemplado en la normativa vigente, el monto y el vínculo familiar generaron cuestionamientos políticos en un contexto de fuerte ajuste fiscal.

La adjudicación fue por $114.044.133 y declara la intención de capacitar en idioma inglés al personal del ministerio. Extraño que los diplomáticos necesiten aprender inglés, cuando sólo para entrar al Isen -el Instituto que los capacita- tienen que hablar perfecto inglés. 

Desde la Cancillería se activó el procedimiento previsto para estos casos, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismos que deben evaluar eventuales conflictos de interés. El vicecanciller Pablo Quirno defendió la contratación y sostuvo que no existió ninguna irregularidad formal, además de señalar que la institución ya venía prestando servicios al Estado desde años anteriores.

Sin embargo, más allá del encuadre legal, el episodio expone una contradicción política difícil de soslayar. Mientras el Gobierno impulsa recortes en distintas áreas del Estado, limita aumentos salariales y sostiene una política de fuerte contención del gasto público que impacta de lleno en trabajadores estatales y jubilados, se autoriza una erogación superior a los cien millones de pesos para cursos de inglés destinados al personal diplomático.

El debate no se limita a la legalidad del contrato sino a la oportunidad y la prioridad del gasto. En un escenario donde el poder adquisitivo continúa deteriorándose y las negociaciones salariales quedan por debajo de la inflación acumulada, la asignación de fondos a una institución dirigida por la esposa de un ministro clave del esquema económico alimenta cuestionamientos éticos y políticos.

La gestión libertaria construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de terminar con privilegios y prácticas asociadas a la “casta”. Casos como este tensionan ese discurso y reabren interrogantes sobre si el ajuste es verdaderamente equitativo o si, en la práctica, existen márgenes de excepción cuando los beneficiarios forman parte del círculo cercano del poder.

En tiempos donde el Ejecutivo exige sacrificios a amplios sectores sociales, la percepción pública adquiere un peso central. Y aunque los papeles estén en regla, el contraste entre salarios deprimidos y contratos millonarios deja abierta una pregunta incómoda: quiénes pagan realmente el costo del ajuste y quiénes quedan al margen.