María Eugenia Vidal tomó nota del escándalo por los aportes truchos en la campaña electoral del año pasado y desplazó de su cargo a la contadora General de la Provincia, María Fernanda Inza, que también se desempeña como tesorera del PRO bonaerense.

La gobernadora brindó este miércoles una conferencia de prensa para anunciar una serie de medidas de carácter social, pero la pregunta ineludible fue acerca de la denuncia por los aportes truchos y el presunto uso de beneficiarios de planes sociales para hacerlos aparecer como aportantes del PRO.

"Doy la cara como lo he hecho siempre ante cada dificultad", desafió Vidal ante la pregunta, y luego anunció que tomó tres decisiones. La más impactante en términos políticos es la salida de Inza, que apenas lleva una semana en su cargo, el que asumió tras ocupar la Secretaría Legal y Técnica. La asunción como contadora de la Provincia se dio cuando el escándalo ya había estallado.

Vidal dijo que le pidió la renuncia "preventivamente" a Inza para demostrar que "no somos todos lo mismo", y defendió a la ahora ex funcionaria, una persona de su extrema confianza. "Ella formó parte del equipo de rendición de campaña, pero más allá de eso hace muchos años que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella, no tengo ningún elemento objetivo que demuestre su involucramiento en este caso", aseguró.

La decisión de Vidal impactó en el PRO donde conocen la relación que tenía con Inza a quien conoce desde la gestión en la Ciudad. Esta abogada se sumó en su momento al macrismo de la mano del actual secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clausellas. "Jugó a fondo y marcó que no va a proteger a nadie", evaluaban en el gobierno de la provincia.

En el PRO ya desde la semana pasada se especulaba que Inza iba a ser la primera en caer por el escándalo de los aportes falsos, revelado por el sitio web El Destape y que derivó en una investigación judicial por lavado de dinero del juez Sebastián Casanello y otra del fiscal electoral Jorge Di Lello.

Inza era considerada una funcionaria sólida y eficiente en el macrismo. Vidal ya había intentado nombrarla en el Tribunal de Cuentas de la provincia, pero como estaba matriculada en Capital no cumplía los requisitos. Se trataba de un cargo vitalicio. "Tuvo la mala suerte de quedar como contadora general porque echaron a Messineo, que ocupaba esa posición", afirmaron este miércoles fuentes del gobierno bonaerense.

Como Vidal todavía no nombró reemplazante, la Contaduría General de la provincia quedó a cargo del número dos del organismo, Carlos Vittor, que responde a Sergio Massa.

Visiblemente incómoda por el tema, Vidal también anunció una auditoría sobre la rendición de fondos que Cambiemos presentó a la justicia y también "un compromiso" para que si el año próximo es candidata todos los aportes a su campaña "estén bancarizados, aún cuando la ley no lo exija". 

La gobernadora había hablado sobre el tema por primera vez la semana pasada, cuando  aseguró que es "una denuncia del kirchnerismo" y que "no hay nada que ocultar", al tiempo que pidió avanzar en una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos al considerar que la actual "tiene lagunas y algunas deficiencias". 

Pero el escándalo se había descontrolado puertas adentro del PRO, donde en los últimos días se multiplicaron los casos de dirigentes del interior que salían por los medios a despegarse y asegurar que nunca aportaron a la campaña, a pesar de figurar en las listas.

El caso más emblemático fue el del intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quien aseguró que no puso "un centavo" para la campaña, aunque en los registros aparece como aportante de 50 mil pesos. Pero acaso el testimonio más duro fue el Osvaldo Marasco, el ex candidato a intendente del PRO en Ituzaingó, quien reveló con detalles la trama y apuntó a las altas esferas del PRO bonaerense.

El desbande interno en el PRO provocó que desde el Gobierno provincial bajaran la orden a los dirigentes de cada sección de que hablen con los referentes de cada municipio para ir viendo caso a caso en cada distrito y tengan una línea para responder ante los medios. "No queremos que se nos multipliquen los Marasco", dijeron.

Hasta hoy, en el gobierno de Vidal desestimaban las denuncias con argumentos como que estaban mezclados los datos de las rendiciones de las elecciones de 2015 y 2017, además de que se trataban de un tema municipal porque cada distrito juntaba los aportes y ahí podrían haber quedado establecidas las irregularidades.

Además, en el entorno de la gobernadora sostenían que la denuncia no la alcanzaba a Vidal y se limitaba a los responsables económicos de la campaña. Sin embargo, la ley de financiamiento es clara en cuanto a que el presidente y el tesorero de cada partido son responsables judicialmente de posibles irregularidades de este tipo. 

Fuente: LPO