Horas después de que se publicara en el Boletín Oficial la resolución que insta a investigar a un grupo de grandes firmas, aparecieron en las redes sociales una serie de publicaciones de dirigentes del Frente de Todos exponiendo públicamente artículos que aumentaron por encima de la inflación. De esta manera, por ejemplo la diputada Vanesa Siley impulsó una especie de boicot para “frenar el abuso de estas empresas y cuidar la mesa de los argentinos”.

Estas dos situaciones se dieron mientras el Gobierno negocia con los fabricantes de productos de consumo masivo el plan para fijar precios por cuatro meses que anticipó este medio semanas atrás. Por lo que podría leerse como un endurecimiento en la postura oficial. En esa discusión, el Ministerio de Economía ya tomó uno de los pedidos del sector privado: desestimar la idea de poner el precio en el empaque de los productos. Sergio Massa confirmó que la herramienta para que los consumidores puedan visualizar el precio acordado será una aplicación móvil.

Mientras tanto, las negociaciones continúan y los incrementos de precios por encima de la inflación también. Por eso Tombolini instruyó a Defensa de la Competencia a investigar a un grupo de empresas. Fuentes oficiales explicaron a este medio que en la variación de determinados productos se detectaron “posibles distorsiones”.

A partir de ahora, la Comisión de Defensa de la Competencia tendrá un plazo de treinta días para devolverle un detallado informe al secretario de Comercio sobre el accionar del grupo de empresas señaladas. Aunque las líneas están abiertas y el interés del Gobierno por estas horas es llegar a un acuerdo para poner un freno a la inercia inflacionaria.