El programa “Puente al Empleo” se establecería por DNU para darle mayor seguridad jurídica a la medida. De acuerdo al decreto, el trabajador mantiene de manera temporal por 1 año la estabilidad del plan social. Cumplido ese plazo, debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART, y todos los beneficios que implica la cobertura legal del mercado laboral (indemnización futura).

Los empleadores también tendrán beneficios. Por un año el Estado Nacional se hace cargo de parte del salario (la suma de dinero que corresponde al plan que se mantiene). El programa “Puente al Empleo” apunta así a incorporar 200 mil trabajadores de la economía social.

Fundamentalmente, el gobierno nacional aspira a que las incorporaciones se den en empleadores de hasta 100 empleados que son el 98% del total de los empleadores según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el Boletín de Seguridad Social.

Este programa permitiría además avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales.

Al presentar sus primeras medidas al frente del Ministerio de Economía, Sergio Massa ratificó que el Gobierno nacional avanzará en un reordenamiento de los planes en un proceso a desplegar durante los próximos 12 meses, que comenzará en los próximos días con el inicio de la auditoría. El reordenamiento de los planes sociales dará esta semana un paso central cuando la Universidad de Buenos Aires y la Tecnológica Nacional inicien las auditorías sobre la aplicación del programa Potenciar Trabajo, por medio de relevamientos en la provincia de Buenos Aires.

Las casas de altos estudios relevarán la situación socio laboral y productiva de las unidades de gestión y de los beneficiarios, tal como quedó definido en una reunión que mantuvo el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con intendentes y funcionarios municipales de la Primera y Tercera sección electoral. "La reunión fue muy productiva. Charlamos sobre en qué consiste la auditoría de las actividades del Potenciar Trabajo que abarca a un millón trescientos mil titulares. La idea es tener más y mejor información sobre cada uno de ellos", afirmó hoy el viceministro de esa cartera, Gustavo Aguilera.

Según detallaron desde la cartera de Desarrollo Social, los estudiantes de las universidades que realizarán los relevamientos comenzarán la semana próxima con las capacitaciones, en tanto que durante la otra arrancarán los operativos, con el trabajo en el territorio de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

Habrá distintas modalidades: por un lado, los encuestadores visitarán los lugares donde los beneficiarios trabajan y, por otro lado, habrá convocatorias específicas en clubes, predios o universidades.

Los beneficiarios, cuya participación es obligatoria en la auditoría, deberán responder un cuestionario de una treintena de preguntas sobre capacitación laboral, nivel educativo y datos de la composición familiar, entre otros. Se les preguntará sobre su situación habitacional, socio educativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan.

De la reunión participaron también las y los intendentes Carlos Ramil (Escobar), Leonardo Boto (Luján), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Julio Zamora (Tigre), Federico Achaval (Pilar), Juan Fabiani (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui) y Gastón Granados (Ezeiza). Asistieron también Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Andreotti (San Fernando) y Nicolás Mantegaza (San Vicente).