Si bien no hay elecciones a la vista, el oficialismo planea concentrar la actividad en ambas cámaras en el primer semestre, antes de la precampaña hacia la presidencial de 2019. “Después del Mundial, van a estar todos con la camiseta de candidato puesta”, graficó el presidente de Diputados, Emilio Monzó, que después del receso intentará reconstruir los lazos rotos con la oposición después del caos por la reforma previsional.

Si el Gobierno cumple su promesa de convocar a extraordinarias, la actividad iniciaría inmediatamente después de los feriados de Carnaval. Cambiemos sabe que, a pesar de la buena cosecha de las urnas, está obligado a acordar cada proyecto con la oposición, sobre todo con el peronismo “dialoguista”. Nuevas y duras negociaciones le esperan al oficialismo, que deberá recalcular algunas iniciativas.

- Reforma laboral. Es la única reforma del paquete de fin de año que fue frenada en el Congreso. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya manifestó que el Gobierno quiere que el tema se discuta en febrero, a pesar de que el 23 de noviembre pasado, el peronismo senatorial le dio sentencia de muerte al texto enviado por el Ejecutivo. Ese día, el jefe del ahora bloque Justicialista, Miguel Pichetto, informó que bloquearía el tratamiento del proyecto para analizarlo con la nueva composición y a la espera de una postura única en la CGT -sólo un sector se movilizó contra la reforma-. Una importante fuente del oficialismo no descartó que el proyecto original se termine fragmentando, para morigerar el impacto. Algunos de los puntos que despiertan mayor resistencia son el concepto de irrenunciabilidad, el fondo de cese y la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones.

- Reforma electoral. El Gobierno no pierde la esperanza de avanzar con la boleta electrónica, el corazón del proyecto de reforma electoral que se encuentra trabado en el Senado desde fines de noviembre de 2016. Fueron los gobernadores del peronismo quienes empujaron al FpV-PJ a enterrar la iniciativa, que ya contaba con aprobación de Diputados. En la Cámara alta había proyectos alternativos para modernizar el sistema de votación, pero sin un dispositivo electrónico, por las sospechas que todavía despierta la incorporación de tecnología en el proceso. Otra de las discusiones se dio en torno a la posibilidad de modificar las PASO e incluso eliminarlas, pero esa ya no parece ser una opción. “Es imposible. Lo que sí se puede es hacerlas no obligatorias. Pero las PASO llegaron para no irse nunca más”, reconoce el propio Monzó. Habrá que ver si el oficialismo reflota el proyecto este año.

-Reforma del Ministerio Público. El debate se reactivó cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia. El oficialismo venía de fracasar en su intento original en 2016, cuando la propia Elisa Carrió le bajó el pulgar a un proyecto muy trabajado. Tras esa frustración, y con el cargo de procurador vacante -se designó interinamente a Eduardo Casal-, Pichetto y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, elaboraron un nuevo proyecto, que no prosperó por algunos puntos polémicos, como la posibilidad de eliminar Procuradurías especiales creadas durante la gestión de Gils Carbó, e incluso antes. La iniciativa también modifica las mayorías necesarias para designar y remover al futuro jefe de los fiscales.

-Nueva Ley de Defensa de la Competencia. La denominada “ley antimonopolios” fue aprobada en Diputados por amplia mayoría -140 votos a favor y 72 en contra-, pero no fue tratada en el Senado. Ni siquiera figuró en el temario de sesiones extraordinarias. El texto endurece las sanciones contra la cartelización y apunta a combatir la concentración económica, ahora con la paradoja de la megafusión Cablevisión-Telecom.

-Mercado de Capitales. “Ley de Financiamiento Productivo”, la bautizó el Ejecutivo. El proyecto corrió casi la misma suerte que el de Defensa de la Competencia: fue avalado en la Cámara baja con 163 votos a favor y 65 en contra, pero el Senado lo durmió a pesar de que, en este caso, sí figuró en el punteo de extraordinarias. La propuesta busca potenciar el financiamiento de las pymes.

-Designación del defensor del Pueblo. El cargo está vacante desde 2009 y todo parecía encaminado a saldar esa deuda, pero el debate quedó soslayado por las reformas económicas de fin de año. El 8 de noviembre, se definió en la bicameral respectiva la terna de candidatos, integrada por el histórico dirigente peronista Humberto Roggero, el diputado provincial del Frente Renovador Jorge Sarghini y el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor. Pero esa terna no llegó a votarse en el recinto y finalmente cayó con la renovación parlamentaria. El proceso volvió a foja cero y habrá que volver a elegir a los postulantes entre una nueva lista. Desde el oficialismo indicaron a parlamentario.com que esta vez se incluirán más mujeres y habrá más audiencias públicas. “Habrá un mayor ida y vuelta con las ONG”, garantizaron.

-Prohibición a condenados por delitos de corrupción para ser candidatos. El proyecto pertenece a Cambiemos, con la macrista Silvia Lospennato y la radical Brenda Austin a la cabeza. Estaba listo para ser tratado en el recinto de Diputados, pero nunca se trató y el dictamen cayó. La iniciativa consiste en que las personas que estén condenadas en cualquier instancia por delitos contra la administración pública no puedan ser candidatas en las PASO. Si la ley se hubiese aprobado antes de las últimas primarias, el expresidente Carlos Menem no hubiera podido integrar una lista. 

-Reforma del Código Penal y responsabilidad penal juvenil. Ambas propuestas todavía no fueron enviadas al Congreso. En el caso del Código Penal, una comisión redactora encabezada por Mariano Borinsky trabaja en la elaboración del anteproyecto. En tanto, el ministro de Justicia, Germán Gravano, anunció en reiteradas ocasiones el envío de la reforma penal juvenil, que sigue sin ingresar. Si bien se trata de una iniciativa integral, el punto más saliente y el que promete mayor discusión es la baja de edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves. Hasta ahora, el debate se dio en distintas mesas integradas por funcionarios, legisladores y especialistas.

-Nueva Ley de Tarjetas de Crédito. Con proyectos cruzados en Diputados y el Senado, el debate sobre la rebaja de comisiones para tarjetas de crédito y débito no llegó a buen puerto. En la Cámara alta, el tema fue fuertemente impulsado por el chubutense Alfredo Luenzo, que impulsó el avance de una ley más allá de un acuerdo suscrito en marzo pasado por el Ministerio de Producción, las cámaras empresarias y los bancos. 

-Modificación de la Ley de Fueros. No hubo acuerdo entre el oficialismo y el Frente Renovador para dictaminar en Diputados un proyecto unificado, con el fin de facilitar el allanamiento de las propiedades de los legisladores cuando exista una orden judicial. El debate se disparó por el caso de Julio De Vido y hubo ronda de especialistas en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

-Ley de Alquileres. El proyecto aprobado en el Senado obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de Diputados, con numerosos cambios. Entre ellos, se mantuvo el plazo de dos años para la duración de los contratos de locación -la media sanción llevaba ese plazo a tres años-, y se fijó un ajuste anual de precios según el índice de inflación del INDEC. De todos modos, el dictamen caducó con la renovación parlamentaria, y habrá que empezar el trámite nuevamente. 

-Donación de alimentos. En la misma reunión donde la Comisión de Legislación General dictaminó la nueva Ley de Alquileres, se devolvió a asesores el proyecto que modifica el régimen especial para la donación de alimentos (DONAL) consagrado en la Ley 25.989. Se trata de la propuesta que dio origen a un exabrupto de Elisa Carrió, que en plena sesión se quejó del “progresismo estúpido”