Los representantes de los gremios de educación de la Provincia de Buenos Aires, se reunieron este jueves con autoridades del gobierno bonaerense, para avanzar en algunos temas técnicos, previos a la futura reunión paritaria.

Pero el encuentro estuvo cruzado por un tema clave para los sindicalistas: el cierre de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y el consecuente cese de contratos a los más 110 trabajadores de esa área que depende de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia.

Desde el Frente de Unidad Docente (FUD) que agrupa a todos los gremios de la Educación, indicaron que “se entregue un informe sobre  el estado de situación de infraestructura Escolar en la provincia” ya que según advirtieron “se vería seriamente afectado el inicio del ciclo lectivo 2018 ”.

Y relacionaron esta situación con “la disolución de la UEP” sucedido días pasados “en el que además de dejar más de un centenar de trabajadores en la calle, no determina el destino de los recursos para infraestructura escolar, así como el plan de mantenimiento, refacciones y/o nuevas construcciones”.

Lejos de revertir esta situación, desde la cartera de Educación, que dirige Gabriel Sánchez Zinny, indicaron a este portal que la medida se establece “en el marco de una política de evaluaciones que está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires en todas las áreas de gobierno con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado”.

Y detallaron que “la Dirección General de Cultura y Educación, mediante la Resolución N° 2378/17, ha decidido disolver la UEP” ya que se observó “una superposición de tareas de esa entidad con la Dirección Provincial de Infraestructura (DPI), ambas bajo la órbita de la misma cartera”.

Según explicaron desde Educación, “esta superposición de tareas generaba que se gasten más recursos de los necesarios. Por eso el Ministerio de Educación unificará esas tareas dentro de la administración de la Dirección de Infraestructura”.

Pese al cese de los contratos, un hecho concretado a fin del año 2017 y que motivo el reclamo y hasta el acampe de los trabajadores perjudicados en las puertas de la dependencia, desde Educación indican que “la mayoría de los trabajadores serán reubicados y se les asignarán nuevas tareas dentro del ministerio”.

Aunque aclaran que “en aquellos casos en los que no se les vaya a renovar los contratos, porque generaban esta superposición de tareas citada anteriormente, serán acompañados y asesorados de manera personalizada”.

La disputa por el cierre de esta dependencia de Educación, encargada de monitorear la aplicación de recursos en infraestructura escolar, no resulta un buen anticipo de la futura paritaria salarial que deberán ordenar los gremios y el gobierno de María Eugenia Vidal.

Una paritaria que aún no tiene fecha, pero si muchos reclamos.