El Senado aprobó en general este martes, con 48 votos a favor y 2 en contra, la nueva regulación para el financiamiento de los partidos políticos, que busca habilitar a las personas jurídicas a contribuir a las campañas electorales y bancarizar los aportes.

El proyecto, cuyo avance fue un coletazo de la causa de los “cuadernos de las coimas”, fue girado ahora a la Cámara de Diputados, que deberá trabajar contrarreloj para sancionar la ley y que comience a regir en este turno electoral.

Solo el porteño Fernando “Pino” Solanas y la rionegrina Magdalena Odarda, que trabajan a dúo, rechazaron la iniciativa, mientras que la expresidenta Cristina Kirchner y sus pares del Frente para la Victoria-PJ estuvieron ausentes, al igual que Carlos Menem.

Si bien el resultado de la votación en general superó holgadamente la mayoría absoluta requerida para tratar el proyecto, la duda principal radicaba en el artículo 5, que fue votado de manera separada, y que refiere a los sujetos y entes que tienen prohibido aportar a las campañas.

El dictamen del peronismo, que proponía levantar la prohibición actual que rige hoy para los sindicatos, no llegó a los 37 votos necesarios -recibió 25 votos a favor y 23 en contra-, por lo que Federico Pinedo, quien presidía la sesión, sometió a votación el despacho de Cambiemos, que mantenía esa prohibición.

Fue entonces cuando Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal, pidió la palabra. “Frente a la importancia que tiene la ley, vamos a votar positivamente el artículo de la minoría, para que pueda haber ley”, anunció, y dio lugar así a la votación, que resultó con 42 votos afirmativos y 7 negativos.

Hubo cuatro senadores que se rebelaron contra la decisión de Pichetto y votaron en contra del artículo propuesto por el oficialismo: el pampeano Daniel Lovera, el formoseño José Mayans, el fueguino José “Nato” Ojeda y el chubutense Mario Pais. Los rechazos restantes fueron de Fernando “Pino” Solanas, Beatriz Mirkin y Magdalena Odarda.

El debate

“Entendimos que era necesario blanquear el aporte privado”, sintetizó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, quien explicó que se estableció un límite del 2% de los gastos autorizados para la campaña, “para que ningún frente pueda ser cooptado o necesite imperiosamente el aporte de algún privado”.

De todos modos, Mera sostuvo: “Lo que más nos motivó no es el hecho de que puedan aportar los privados, sino la idea de dar transparencia y trazabilidad; de que cada peso que pone un particular sepamos quién lo puso, cuándo y dónde, y el partido tendrá que informar a la Justicia electoral cuándo, cómo y dónde lo gastó”.

Además de permitir el aporte de personas jurídicas, la iniciativa regula la campaña en redes sociales y el trabajo de las encuestadoras; modifica los plazos de la campaña y reduce a la mitad el tiempo de programación audiovisual, entre otras grandes modificaciones.

La senadora de la UCR Inéz Brizuela y Doria, miembro informante del dictamen de Cambiemos, sostuvo que la ley tiende a “fortalecer la calidad democrática”. “Hay una necesidad imperiosa y urgente de fortalecer los sistemas de control y evitar que el dinero controle la política para fortalecer la calidad democrática”, aseveró.

La riojana indicó que “el acceso desigual al financiamiento contribuye al desequilibrio y afecta la oferta electoral”, lo que deviene en una “democracia débil”, y a su vez “la falta de transparencia genera descreimiento” en el sistema político.

La rionegrina Magdalena Odarda defendió su dictamen de minoría, que mantenía la prohibición de los aportes privados. “No vamos a ser cómplices de la privatización de la política. A la democracia la tiene que financiar el pueblo: es la única forma de tener un país soberano e independiente”, consideró la excandidata a vicegobernadora de Río Negro.

Por su parte, el chubutense Mario Pais defendió los aportes de sindicatos. “La disidencia principal que tenemos es esta suerte de capitis diminutio al sector de las organizaciones sindicales, profesionales y patronales. ¿Por qué esta prohibición a entidades reconocidas por la Constitución?”, se preguntó.

Para Pais, “hay mucho de preconcepto y discriminación contra las organizaciones gremiales. En cambio una ONG que recibe fondos del extranjero va a poder participar en aportes de campaña”.

Al cierre del debate, Pichetto advirtió que “el riesgo es que el financiamiento oscuro de las campañas políticas pueda ser realizado por el narcotráfico”, algo que “empieza a desarrollarse en elecciones municipales”, con “intendentes ligados” a este delito.

Además, analizó que “este tema tiene un trasfondo en los problemas que tienen los partidos para poder mostrar después en sus respectivas rendiciones sus gastos de campaña”, y recordó que “hay rendiciones pendientes de 2015”.

Finalmente, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, admitió que la prohibición de aportes privados “generó una gran hipocresía” y “terminó de la peor manera”, ya que por un lado “los partidos necesitan financiarse”, y por otro lado, se produce el “no aval de la rendición de cuentas”.

Al momento de la votación en general, además del kirchnerismo y Menem, estuvieron ausentes los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo, el tucumano José Alperovich, el chubutense Alfredo Luenzo, los santiagueños Gerardo Montenegro y Blanca Porcel, el neuquino Guillermo Pereyra, los santafesinos Omar Perotti y Carlos Reutemann, y los oficialistas Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Silvia Giacoppo (Jujuy) y Marta Varela (CABA).