De esta manera, la Comisión Nacional del Tránsito pasará a llamarse a partir de este martes 8 de junio, Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de las concesiones viales.

Además, la administración mileísta dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales, que según el Gobierno nacional, “tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas”.

La decisión del Gobierno nacional de cerrar Vialidad Nacional y transferir sus funciones a una nueva agencia bajo la órbita del Ministerio de Economía desató una fuerte ola de críticas en todo el país. Más allá del argumento oficial de “reorganización del Estado”, el cierre de este organismo histórico implica consecuencias directas sobre la seguridad vial, el empleo, la logística productiva y el desarrollo federal.

El gremio de trabajadores viales advirtió que el cierre dejará sin mantenimiento ni control técnico a más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. “Nos vamos a morir en las rutas”, declaró Graciela Aleñá, secretaria general del STVyARA, al alertar sobre el colapso del sistema vial ante la falta de bacheo, señalización, despeje invernal y control de pesos. Según datos sindicales, más del 70?% de las rutas ya presenta condiciones deficientes.

A esto se suma un impacto social inmediato: más de 5.500 trabajadores quedarían sin empleo, muchos de ellos con décadas de experiencia técnica en cada distrito del país. Las obras viales están paralizadas desde principios de año, y los distritos provinciales de Vialidad fueron vaciados progresivamente hasta quedar sin recursos ni herramientas operativas. Algunas provincias, como Río Negro y Santa Fe, ya analizan asumir el mantenimiento por su cuenta.

El Presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional; la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial; y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el marco de las facultades delegadas incluidas en… pic.twitter.com/Mtfj8AzhyH

— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) July 7, 2025

El cierre también afecta a las economías regionales: sin rutas en buen estado, se encarece el transporte de carga, se atrasan entregas y se afecta la competitividad de cientos de productos. El transporte de cargas en Argentina es mayormente terrestre, y su deterioro impacta directamente en el precio de los alimentos, medicamentos y materiales esenciales.

Para sectores políticos y sindicales, detrás del cierre se esconde un proceso de privatización encubierta. Se prevé que más de 9.000 km de rutas serán concesionadas a empresas privadas, dejando al resto de la red sin planificación ni mantenimiento público. Legisladores como Mónica Fein denunciaron que la medida “deja librada la seguridad vial al mercado”, mientras que otros referentes la calificaron como un paso más en el “desmantelamiento ideológico del Estado”.

La disolución de Vialidad Nacional representa mucho más que una reestructura administrativa: pone en juego la seguridad de millones de personas, debilita el entramado federal y expone al país a una crisis logística de enormes proporciones. Las voces que exigen la inmediata marcha atrás crecen, mientras la red vial argentina queda al borde del colapso.