Los diputados María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo presentamos un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior. Se trata de uno de un conjunto de leyes específicas para enfrentar el narcotráfico, ante lo que denuncian como “la inacción de más de tres años del Gobierno nacional en abordar esta problemática”. En medio de este contexto de fuerte incremento de la violencia y el narcotráfico, los diputados del Pro consideran “fundamental” insistir y avanzar en dotar al país de leyes más potentes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo.

Vidal y Ritondo sostienen que lo que está sucediendo en Rosario desde hace tiempo, pero también lo que ocurre en muchos puntos del conurbano y en otras ciudades del país, obliga a “seguir presionando al Gobierno nacional para que de una vez por todas reaccione y empiece a hacerse cargo de un problema que está condenando a millones de argentinos a vivir expuestos al crimen y con miedo”.

“El objetivo de Juntos por el Cambio es volver a gobernar para poder retomar y profundizar las transformaciones que puedan permitirnos a los argentinos recuperar el rumbo de un país normal: que valora el orden, el imperio de la ley y que busca crecer en paz con trabajo y dignidad”, señalaron en la presentación.

Vidal y Ritondo agregaron que estos años, desde su rol de representación desde el Congreso Nacional, han impulsado y trabajado en el diseño de “mejores leyes que puedan ser herramientas más efectivas a ser utilizadas por el poder ejecutivo y el judicial en la lucha contra el narcotráfico responsable de gran parte de los delitos que afectan a nuestra ciudadanía”.

“Frente a la urgencia que hacen evidente los sucesos que vienen ocurriendo en la ciudad de Rosario, hemos presentado el proyecto de ley de modificación de la Ley de Defensa Nacional y, como complemento de la anterior, el proyecto que propone modificar la ley de Seguridad Interior -anunciaron-. Ambos proyectos, buscan una modificación de la normativa para que el Estado Nacional pueda emplear todos los recursos disponibles y así ponerle un límite definitivo a las bandas de crimen organizado que avanzan impunemente, especialmente en aquellas regiones donde rige una situación en la cual las fuerzas de seguridad federales han sido sobrepasadas o donde el estado provincial carece de los recursos necesarios para combatir a aquellas o ha perdido el control efectivo del territorio”.

Estos dos proyectos se complementan con otras tres propuestas que presentaron con anterioridad en el Congreso de la Nación. El proyecto de modificación del Código Penal que, entre otros articulados, permite fortalecer la lucha contra el narcotráfico permitiendo el decomiso de forma anticipada de bienes de estas bandas, factor clave para reducir el poder de sus líderes aun cuando están privados de su libertad; aumenta las penas para el tráfico de estupefacientes. Se aumenta de 5 a 20 años para las conductas más graves y se aumenta el mínimo de la pena a 6 años de prisión cuando se trata de pasta base de cocaína (paco).

Un aspecto muy importante, también, es que se establece agravantes para el tráfico de drogas utilizando a menores, o en colegios y clubes de manera de sumar algo más de protección a nuestros hijos. De mismo modo si los hechos fueren cometidos por un funcionario público encargado de la prevención de esos delitos o por funcionarios públicos encargados del servicio penitenciarios. 

Además, permite que los jueces puedan juzgar en nuestro país a organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico. Se crea una figura relacionada a este tipo de organizaciones y se establece una pena de hasta 25 años de prisión para sus jefes u organizadores.

Otro punto importante es que se incorpora expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de las fuerzas de seguridad cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Convencidos de que debemos cuidar a quienes nos cuidan, el asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad es un homicidio agravado con prisión perpetua.

Por otro lado, presentaron el proyecto para la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico, un organismo armado y especializado, dotado de recursos humanos y técnicos calificados,  que tiene como objetivos cumplir con las funciones de seguridad, prevención, investigación, etcétera, de todos aquellos delitos relacionados con el narcotráfico.

El proyecto surge a partir de la necesidad de generar un ámbito federal de actuación en el campo de la seguridad interior que sea conducido desde el gobierno nacional. La creación y consolidación institucional de la “Agencia Federal Antinarcotráfico” supone dotar de tal instrumento a la Nación para que el mismo dispositivo policial, complementando a su vez la labor de otras entidades del campo de la seguridad interior coadyuve, gestione, administre y articule respuestas apropiadas e idóneas al respecto como fuerza policial de carácter nacional.

Finalmente, en 2022, presentaron el proyecto para la instalación de bloqueadores e inhibidores de telefonía celular e internet en todas las unidades carcelarias dependientes del servicio penitenciario federal. Dicha iniciativa tiene la doble finalidad de regular los derechos de los internos carcelarios a las comunicaciones telefónicas, por un lado, y el de brindar una respuesta por parte del Estado a las modalidades delictivas que se realizan desde los establecimientos penitenciarios tales como, extorsiones, secuestros virtuales, amenazas a comerciantes, entre otros.

“Estamos convencidos que con decisión política, firmeza y seriedad en el abordaje de los problemas del país, vamos a poder recuperar el orden y el respeto por la ley que toda sociedad necesita para poder crecer en paz y libertad”, sostienen Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal.