Tras cuatro horas y media de debate y el apoyo de diferentes bancas, la iniciativa obtuvo 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones. Además de defender la letra del texto, varios legisladores hicieron hincapié en que el proyecto, que tiene como objetivo actualizar el registro de los nuevos barrios populares y prohibir los desalojos por diez años, se enmarca en una política de Estado que se mantiene más allá del partido de gobierno.  

A través de la iniciativa se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley. 

Además, establece laalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años. prórroga de la suspensión de los des

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado. 

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”. 

Con 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones, se aprobó el proyecto de modificaciones al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.
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— Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 13, 2022

"Esta política surgió del pueblo y de compañeros que salieron a exigir sus derechos. La integración socio urbana es discutir y pensar cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio, por eso se necesita una planificación a largo plazo”, señaló Federico Fagioli, del Frente de Todos. Su compañera de banca Natalia Zaracho -que vive en Villa Fiorito- destacó la importancia de debatir este proyecto y mostró su certificado de vivienda. "Si no tenés un domicilio el correo no llega, tampoco la ambulancia. Ni el patrullero, ni la escuela, ni la salud. Para nosotros es muy importante este papel. Este es un papel que dice donde vivo, donde viven mis hijos", puntualizó la legisladora del Frente Patria Grande. 

El legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro señaló que la iniciativa en cuestión "es una prueba cabal de que la integración socio urbana debe convertirse en una política de Estado en nuestro país, y, como tal, debe ser sostenida en el tiempo y estar exenta de cualquier tipo de mezquindad y coyuntura política".

El diputado oficialista Juan Marino aprovechó la oportunidad para pedir que que el Poder Ejecutivo nacional otorgue el bono de emergencia a las personas en situación de indigencia, previsto en el DNU 576/22 que creó el dólar soja. Además, solicitó que se avance con el proyecto de Refuerzo de Ingresos, que presentó la jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

La diputada de PRO Silvia Lospennato manifestó que “toda la política tiene que hacerse cargo de haber fallado, durante muchas décadas, en darles una oportunidad a quienes les tocó habitar estos barrios populares. Esta es una verdadera política progresista y empareja la capacidad de las personas”.

El texto que fue consensuado entre las diferentes fuerzas políticas plantea la integración socio urbana y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La reforma de la Ley 27.453 busca agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

Según datos del ReNaBaP, existen 656 proyectos de integración socio urbana en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Una parte de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado a través del Aporte Solidario de las grandes fortunas y por el impuesto PAIS.

Se calcula que 1,2 millón de familias vive en barrios populares en Argentina, lo que representa unos cinco millones de personas, más del 10% de la población total del país.