Una vez iniciada la reunión, Osuna sintetizó los puntos más destacados del proyecto y expresó que “Argentina es un país federal y eso está en permanente construcción”. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Educación, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro), sostuvo que “nos tenemos que dar un plan de trabajo que incluya la opinión de especialistas en educación”.

En su intervención ante la comisión, Jaime Perczyk planteó las premisas que establece la iniciativa del Poder Ejecutivo: “Queremos que todos los chicos vayan al nivel inicial; que terminen su primaria aprendiendo lo que tienen que aprender; que todos vayan a la secundaria. Tenemos que lograr que haya 190 días de clases efectivas, y todo eso requiere un esfuerzo, seguimiento y compromiso”.

“El camino que está discutiendo el mundo, y nosotros, es que la manera de combatir la pobreza y la desigualdad es con educación, y eso requiere inversión. Y eso propone la ley. Una ley que es perfectible, que plantea el esfuerzo que queremos y tenemos que hacer”, remarcó el ministro.

El titular del Palacio Pizzurno sostuvo que esta ley toma en cuenta antecedentes como la 26.055, de Financiamiento Educativo, “que a nuestro juicio es un éxito para la Argentina. La educación argentina ha conseguido que el 98% de los chicos vayan al jardín en la sala de 5, cuando antes de votar la ley era del 75%, y ese 25% que la Argentina logró en provincias en las que los mapas políticos están pintados de distintos colores. La Argentina lo logró”.

Para el ministro, el proyecto es “perfectible, con metas que creemos justas” y que a continuación enumeró, partiendo con la que tiene que ver con los 190 días de clases. “Hace 5 o 6 años hablábamos del incumplimiento de los 180 días. Todos estamos peleando por cumplir con los 190 días: más días de clases, con la presencia en la escuela de los chicos y chicas y los docentes”, dijo, advirtiendo sobre la necesidad de “establecer mecanismos institucionales para que eso se cumpla”.

“También proteger la paritaria nacional docente, que está en una ley, donde fijamos el mínimo inicial que ha logrado empujar los salarios docentes a la mejora, con un esfuerzo grande de las provincias y Nación”, dijo, y precisó: “En el salario inicial de los maestros, hoy la Nación participa con el 14,3%, con lo que ayuda al esfuerzo que hacen las provincias. Y creemos que hay que seguir mejorándolo”.

La ley tiene una meta que es la puesta en marcha de jardines maternales de 45 días a 3 años, sobre todo en los sectores populares, los que más necesitan. “Si no logramos resolver el cuidado de los chicos y el trabajo de las mamás, reproducimos un círculo que tenemos que romper”, precisó.

Al respecto dijo que la ley se propone la construcción de jardines para la escolaridad plena de los chicos de 4, y las salitas de 3. “Proponemos universalizarlos, que todo aquellas mamás y papás que necesiten una salita, la tengan. No estamos proponiendo que sea obligatoria, sino universal, que todo aquel que lo necesite lo encuentre”, remarcó.

Perczyc contó que en el año inicial los chicos deben tener un libro de lectura y que hay que comenzar a ir a un ciclo de alfabetización inicial, desde el nivel inicial hasta el primer ciclo de la escuela primaria que asegure “que los chicos terminen con la alfabetización inicial completa, la comprensión lectora, su primer acercamiento a la matemática”.

?| LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

La Comisión de Educación recibió al ministro de Educación, @jaimeperczyk, quien compartió los lineamientos del proyecto sobre financiamiento educativo, que fija 190 días de clase en el ciclo.
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— Diputados Argentina (@DiputadosAR) September 27, 2023

El proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6 por ciento hasta alcanzar, en 2030, el 8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 por ciento del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 por ciento a la educación universitaria”, detalla.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60 por ciento sea financiado por el Estado Nacional y 40 por ciento por las referidas jurisdicciones.

Del mismo modo, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5 por ciento destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.