El peronista Argentina Federal, el Frente Renovador y el kirchnerismo convocarán a una nueva sesión para la semana próxima y se encaminan a tratar la iniciativa ya sin el requisito de una mayoría agravada.

Cambiemos reunió 23 firmas, una más que los bloques disidentes, que la semana pasada habían inclinado la balanza a su favor en las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor. En la suma de las tres comisiones, el resultado fue de 51 a 47 a favor del espectro peronista. Por eso, el dictamen de este miércoles tuvo un efecto casi simbólico: la oposición volverá a la carga el miércoles que viene, ya sin el obstáculo de los dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento.

El interbloque que preside Mario Negri se quejó por el impacto fiscal del proyecto y hasta hizo un intento de esperar el veredicto de la Oficina de Presupuesto, pero no pudo impedir que la oposición reforzara sus críticas al Gobierno por los aumentos en las tarifas, horas después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmara que el Poder Ejecutivo piensa vetar la ley si el Congreso la sanciona.

El Frente para la Victoria-PJ, que preside Agustín Rossi, volvió a firmar el dictamen en disidencia, pues su propuesta original -la misma de Cristina Kirchner en el Senado- consiste en retrotraer las tarifas al 31 de diciembre de 2017 y congelarlas en 2018. En cambio, el porteño Martín Lousteau (Evolución) optó por firmar un tercer dictamen, basado en un texto alternativo.

El dato de color lo aportó la provincia de Córdoba: mientras el gobernador Juan Schiaretti se pronunciaba en contra de que el Congreso legisle sobre las tarifas, su exvice y actual presidente del bloque Córdoba Federal, Martín Llaryora, firmaba -en disidencia- el dictamen mayoritario del proyecto, del cual fue uno de los principales impulsores. Lo mismo hizo el entrerriano Juan José Bahillo. Dos casos testigos de las negociaciones que se vienen con los mandatarios provinciales.

La propuesta dictaminada se denomina “Razonabilidad en las tarifas de servicios públicos” y establece que los aumentos de tarifas no podrán exceder el del promedio de los salarios para usuarios residenciales, ni el IPC mayorista para las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas. También se establece en el caso de los usuarios residenciales que las tarifas serán estables por 12 meses.

Uno de los puntos más cuestionados por Cambiemos es que se reduce el IVA de las facturas del 21% a 10,5%, y se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de pymes. “No hay soluciones mágicas. Si se reduce el IVA en las tarifas, las provincias son las que se verán perjudicadas”, advirtió el misionero Luis Pastori (UCR), dado que se trata de un impuesto coparticipable.

El referente económico del Frente Renovador, Marco Lavagna, alertó que el Ministerio de Interior hizo circular entre los gobernadores un mail “asustándolos con el costo fiscal”, que según él es de alrededor de 7.000 millones anuales en total, de los cuales 3.500 millones recaerían sobre las provincias.

De todos modos, el massista reconoció que esa modificación “no es la parte sustancial del proyecto”, sino que el corazón es “que las tarifas no suban más que los salarios”. Y se mostró dispuesto a negociar con el oficialismo cuestiones de “técnica legislativa” del proyecto. Pero Cambiemos se mantuvo firme en su rechazo.

“Buena parte de lo que estamos sufriendo hoy ha sido el desastre que nos dejaron aquellos que regalaban energía para que la Argentina batiera récords en la venta de aires acondicionados, mientras del otro lado del alambre del country las madres seguían arrastrando las garrafas”, graficó el macrista Eduardo Amadeo, y sentenció: “Con este proyecto, la señal que estamos dando es que vamos a sacar el naipe de abajo”.

Por su parte, el justicialista Diego Bossio enfatizó que “hay familias que no llegan a fin de mes” y además “las pymes tienen dificultades muy serias”. “Estamos discutiendo un tema que está en el seno de la sociedad”, expresó el diputado, y remarcó que “este debate lo trajo la propia coalición gobernante” por la postura de la UCR y la Coalición Cívica respecto de los aumentos.

Desde el kirchnerismo, Axel Kicillof, exministro de Economía, denunció: “Hemos sufrido las mil y una dilaciones para que en este Parlamento no se pueda ni siquiera discutir la cuestión tarifaria. Hay una decisión muy clara, como en la ley antidespidos, de impedir que se aplique un sistema tarifario racional”.

En tanto, Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) denunció la “caradurez” del oficialismo “en decir que se va a desfinanciar el Estado cuando desde el Banco Central están financiando una fuga de capitales monumental”.