Este miércoles, la Cámara de Diputados tendrá su última sesión del período ordinario. En esa oportunidad, buscará aprobar un paquete de iniciativas que incluye el proyecto de la ley de alquileres y a denominada ley de góndolas, que tiene como objeto visibilizar la oferta de todos los productos y combatir la falta de competencia.

La intención, tanto del bloque de Cambiemos y de la oposición, encabezada por el Frente para la Victoria-Partido Justicialista, es reactivar la actividad parlamentaria ese día antes de que concluya el período ordinario, ya que el resto de los proyectos, como el Presupuesto 2020, se debatirán con la nueva conformación de la Cámara.

El plenario legislativo debatirá en la última sesión del período ordinario el proyecto de ley de alquileres, la ley de góndolas, así como la ley de talles, entre otras iniciativas consensuadas entre el oficialismo y la oposición.

La iniciativa de la ley de alquileres que contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías.

Otro de los proyectos centrales incluidos en el temario es la ley de góndolas que busca regular la competencia de marcas en las góndolas de los supermercados para frenar las conductas monopólicas, que es objeto de fuertes críticas de los empresarios.

Entre sus puntos clave, la iniciativa establece que los productos de una misma marca no podrán acaparar toda la góndola del supermercado, pero la discusión entre Cambiemos y la oposición está en si se pone o no un límite. El dictamen de la mayoría corresponde al kirchnerismo y el Frente Renovador, y establece que será del 30 por ciento el límite que tendrán los supermercados para poner productos de una misma firma en la góndola, y que podría ser acompañado por el oficialismo con algunas objeciones en el recinto.

En qué consiste el proyecto de ley de alquileres

Uno de los cambios decisivos que plantea el proyecto tiene que ver con el plazo mínimo de contratos de locación, que pasará a ser de 3 años. Los propietarios no podrán exigir a los inquilinos pagos adelantados por un monto que supere el valor de un mes de alquiler.

El depósito, que los dueños de los inmuebles suelen pedirlos para tenerlo como "reaseguro" ante eventuales necesidades luego de finalizado el contrato, tampoco podrá superar el monto de una cuota mensual.

Además, establecerá que el reajuste sea anual, en lugar de semestral como se acostumbra en los contratos de locación. Ese ajuste en el precio del alquiler dejará de estar atado al "toma y daca" entre propietarios e inquilinos sino que deberá seguir un criterio objetivo, igual para todos los contratos. Ese criterio estará conformado por una fórmula que mezcle en partes iguales la evolución de la inflación y la de los salarios. En términos simples, si durante ese año la inflación fue de 30% y los salarios se actualizaron a ritmo de 25%, el reajuste de alquiler deberá ser 27,5%.

El índice deberá ser creado y publicado por el Banco Central de forma mensual para que propietarios e inquilinos tengan como referencia. La fórmula tomará en cuenta la variación del índice de Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Respecto al sistema de garantías, el proyecto crea un "menú" de opciones para que el inquilino pueda presentar ante el propietario. Ese "menú" incluirá -además de un inmueble a nombre de familiar directo como se suele acostumbrar- certificados de ingresos como recibos de sueldo, seguros de caución, aval bancario y garantía de fianza. Entre esas cinco opciones, el inquilino deberá presentar al menos dos variantes, de las cuales el propietario elegirá una.