Como representantes del oficialismo, participaron del plenario el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien sostuvo que no desarrollaría sobre las reformas del sector energético en esa jornada, y el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Estuvo presente -fuera de la agenda- el vicejefe de Gabinete José Rolandi, quien sólo intervino para palabras introductorias.

Durante el debate, se indicó que todas las preguntas que el Gobierno pidió que se manden por escrito, se responderán por la misma vía en la jornada del miércoles. Rodríguez Chirillo se expresó al respecto de la declaración de la Emergencia Pública y, ante la demanda opositora, aseguró que el oficialismo está dispuesto a rebajar el plazo de la declaración de emergencia de dos años a 12 meses. "Bajo ningún punto de vista se está tratando de cerrar el Congreso", subrayó.

Tanto él como Barra ratificaron la necesidad de las reformas de la ley ómnibus. "Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también. [...] Para defender los derechos constitucionales habría que permitir que la Constitución siguiera vigente: si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente", dijo en ese marco el Procurador del Tesoro y reconoció que "hay que actuar ahora cuando es más posible realizarlo"

Sin posibilidad de debatir al respecto de las precisiones de las reformas económicas que pretende la ley ómnibus, diputados de Unión por la Patria pidieron por la presencia en comisión del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ministro de Economía, Luis Caputo, y del asesor del Gobierno Federico Sturzenegger. Sin embargo, para la jornada del miércoles estaría programada la presencia de Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Florencia Misrahi (AFIP); mientras que el jueves se espera que asista la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

?|COMISIONES:LEGISLACIÓN GENERAL; PRESUPUESTO Y HACIENDA; ASUNTOS CONSTITUCIONALES#Ahora: Se realiza una reunión conjunta para tratar el proyecto de ley de "Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos".

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— Diputados Argentina (@DiputadosAR) January 9, 2024

El titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue el primer locutor, quien pidió por mejoras en la instrumentalización del debate legislativo. "Tenemos que profundizar los temas, si tienen que ser más días bienvenidos sean", definió el legislador, que reclamó la presencia de todo el Gabinete de Javier Milei y la posibilidad de participación de "todos los sectores que se ven afectados por la ley y quieren expresar su mirada" en comisiones.

Esa posición se reiteró cuando tomaron la palabra Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Rodrigo de Loredo (UCR), quienes solicitaron que se constituyan mayor cantidad de comisiones que puedan abarcar las discusiones pertinentes a todas las reformas que propone la ley ómnibus. "Estamos profundamente influenciados por un interrogante: ¿Estamos siendo usados por una estrategia que no tiene nada que ver con el futuro inmediato y las necesidades del país?", preguntó el presidente del bloque radical.

Otras de las coincidencias fue el pedido de legisladores de que el oficialismo detenga sus expresiones contra los representantes parlamentarios. En ese sentido, la diputada Danya Tavela (UCR) se refirió a Manuel Adorni que "en estos más de 600 artículos poco hay sobre el plan de estabilización monetaria, que sería indispensable para que el dólar no suba. El vocero presidencial se encuentra obligado a acusar a los diputados y senadores de semejante descalabro macroeconómico”. A su vez, Sergio Palazzo (UP) apuntó contra Javier Milei: “No tengo ninguna denuncia por coimas y a mí no me va a tratar de coimero ningún presidente de la Nación”.

QUE PROPONE EL PROYECTO

En el proyecto de "Bases y Puntos de Partida" hay cuestiones tributarias, de reforma electoral y penal que el Gobierno no podía constitucionalmente legislar por decreto, pero también coló allí todo tipo de cuestiones de la más diversa índole, lo cual fundamenta los planteos de la oposición sobre la irregularidad del procedimiento.

En su artículo primero, el proyecto señala que tiene por objeto "promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales".

"La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia" durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir por todo el mandato de Milei.

Este es uno de los puntos más polémicos y es resistido no solamente por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda sino además por la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal. Las dos últimas fuerzas estarían dispuestas a acompañar una delegación de facultades por un año con posibilidad de otra prórroga de un año.

"Esto es lo que se hizo siempre, y los resultados son los que vemos. Si no se prueba algo diferente, los resultados van a seguir siendo los mismos", advirtieron desde La Libertad Avanza.

El incremento del nivel de retenciones, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, la implementación de un modelo electoral de uninominalidad de circunscripción, y los cambios a la Ley Federal de Pesca son otros temas que generan un nítido rechazo de todo el arco opositor.

El plan de privatizaciones masivas es apoyado por el PRO, en tanto que la UCR solamente aceptaría acompañar algunas privatizaciones puntuales, pero no todo el paquete de 41 empresas estatales. Lo mismo sucede con la eliminación de las PASO: apoyo del PRO, incomodidad en la UCR.

La iniciativa también contempla un blanqueo de capitales y la creación de un "Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales", así como cambios en las Leyes de Hidrocarburos e Hidrocarburos, y la fusión de los entes reguladores del Gas Natural y la Energía.

En lo que refiere a las modificaciones al Código Penal, se agravan las penas por cortes y piquetes, se endurecen sanciones contra los organizadores de las movilizaciones, exige notificación para reuniones en el espacio público de tres o más personas, y hay cambios en la legítima defensa.

Además, se prevén modificaciones en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

Otro aspecto singular son los cambios en materia de educación, al permitir el arancelamiento de los estudios de educación superior para estudiantes extranjeros no residentes en el país, y el establecimiento de un examen integrador de matemáticas y lecto-comprensión al finalizar la secundaria.

Se faculta asimismo una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares. También hay modificaciones a la normativa sobre financiamiento del INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.